Cuatro organizaciones solicitaron que todos aquellos diputados con investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República se aparten del proceso de elección del nuevo magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
“Hacemos un vehemente llamado a las diputaciones que actualmente están siendo investigadas penalmente a inhibirse de intervenir en el proceso de selección de la terna, así como de votar en el plenario el nombramiento de la persona por integrar la Sala Tercera" dice el comunicado.
La petición lleva las firmas de la Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica; la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Costa Rica Íntegra (CRI), y está dirigida, en particular, a aquellos legisladores cuyas causas penales se encuentren en la etapa de solicitud de levantamiento de la inmunidad.
El pronunciamiento público, remitido a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, puntualizó que todas aquellas diputaciones con investigaciones penales abiertas serían eventualmente juzgadas por la Sala Tercera de la Corte, pues es el tribunal encargado, por ley, de juzgar a los miembros de los supremos poderes a los que la Fiscalía General de la República les impute algún delito.
Actualmente, el proceso de nombramiento de un magistrado de la Sala Tercera, por la jubilación de Jesús Ramírez Quirós, se encuentra en la Comisión de Nombramientos, a la espera de un dictamen, luego de las entrevistas que se le realizaron a los cuatro candidatos al puesto.
“Como es de conocimiento público, varias personas diputadas están siendo investigadas penalmente por diversos delitos, incluso, contra algunas de ellas ya se ha planteado acusación formal por parte del Ministerio Público y se ha efectuado -o está en trámite- el traslado a la Asamblea Legislativa de la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal“, plantea el pronunciamiento.
Actualmente, la Fiscalía General de la República ya presentó acusación formal en contra de cuatro diputados, todos ellos del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
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Se trata de la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros; Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar, quien también es la presidenta del comité ejecutivo nacional de esa agrupación política, aunque no sea afín al chavismo.
Los cuatro legisladores son imputados dentro de la causa penal por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral 2022, que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.
En ese mismo expediente judicial figuran como acusados el propio Chaves, el primer vicepresidente, Stephan Brunner, y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André.
Aparte de la acusación contra los cuatro diputados, la Fiscalía solicitó que se tramite el levantamiento de su inmunidad; sin embargo, todavía esa petición no se ha aprobado por parte de la Corte Plena.
Tanto la solicitud de levantamiento de la inmunidad como el eventual juzgamiento de los legisladores podría pasar por la Sala Tercera, en caso de que el trámite así lo establezca, antes de que dejen sus cargos, el 30 de abril de 2026.
“Resulta importante hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para asegurar que no existan conflictos de intereses en este proceso de selección, en aras de no afectar la legitimidad del sistema de justicia y la imparcialidad del órgano decisor”, señalaron las cuatro organizaciones.
De hecho, una de las cuatro diputaciones acusadas forma parte de la comisión que actualmente estudia el nombramiento de un magistrado penal propietario: Pilar Cisneros Gallo.
Dichas organizaciones recordaron que la ley anticorrupción establece, en su artículo 48, que legislar o administrar en derecho propio es un delito.
Ese delito se comete cuando un funcionario público “sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe, con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo”.
Pilar Cisneros: ‘Es algo total y absolutamente absurdo’
La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, aseguró que la petición es algo absolutamente absurdo, porque a ella le podrían poner hasta 30 denuncias, o 100, como a Rodrigo Chaves, que ella califica de “ridículas o insustanciales” que con el tiempo se caerían.
Aunque a Cisneros ya la Fiscalía General le presentó una acusación penal y pidió a la Corte proceder a apertura de juicio, la vocera chavista alegó que “mientras uno no tenga un juicio abierto, o una sentencia en firme, no es culpable de absolutamente nada”.
En el caso de Luz Mary Alpízar, aseguró que ella va a analizar seriamente la solicitud y aseguró que, “de ser oportuno”, se abstendrá de participar en las votaciones correspondientes a la elección del magistrado propietario de la Sala Tercera.
“Considero de suma importancia velar por la objetividad e imparcialidad de estos nombramientos, por lo que voy a analizar la solicitud”, apuntó.
En el caso de Waldo Agüero, no se recibió ninguna respuesta, y Paola Nájera respondió, a través de su periodista, que no se va a referir al tema, por el momento.
