El Foro de Justicia solicitó, este martes, a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa frenar el proceso de selección de un nuevo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y reiniciar el proceso, desde cero.
En una carta enviada directamente a los integrantes del órgano legislativo, el Foro manifestó su preocupación por la bajísima cantidad de aspirantes a la magistratura propietaria, vacante desde febrero, cuando Jesús Ramírez se acogió a su jubilación, después de 40 años en el cargo.
“La comisión debe valorar si es oportuno, y acorde con las obligaciones del Estado costarricense, continuar con el proceso actual con un número tan limitado de candidatos y sin ninguna candidata mujer, o si, por el contrario, corresponde hacer esfuerzos más intencionados para invitar a otras personas a postularse. Les instamos respetuosamente a considerar esta segunda opción”, recomendó la organización.
El lunes, La Nación dio a conocer la renuncia de dos de los seis candidatos que originalmente presentaron sus atestados para disputarse el nombramiento como alto juez penal.
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Renunciaron a sus aspiraciones Rafael Mayid González González, de 50 años, y Ronald Jesús Salazar Murillo, de 62. Ambos manifestaron razones personales para desistir de continuar con el proceso de selección del nuevo magistrado propietario de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pese a que cumplieron todos los requisitos para entrar en la lista de postulantes, en particular con la presentación de sus respectivos atestados.
Después de esa renuncia, solamente quedaron cuatro abogados en la carrera y ya solamente falta una entrevista por hacerse. Entre los aspirantes, no hay ninguna mujer, aspecto que también genera preocupación entre las organizaciones que integran el Foro.
“En relación con el proceso actual de nombramiento para llenar la vacante que deja el señor Jesús Ramírez (expediente legislativo 24.861), quisiéramos expresar nuestra preocupación ante la escasa participación de personas candidatas y nula participación de mujeres”, dice la nota.
En particular, se hizo un señalamiento sobre las obligaciones que Costa Rica tiene como Estado firmante de convenciones contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para asegurar la participación de mujeres en cargos públicos.
El Foro aseguró, en su nota, que la Comisión de Nombramientos debe adoptar acciones afirmativas que promuevan la participación de las mujeres en los procesos de elección que son responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
Aunque el proceso que actualmente está en camino establecía que se tenía que recomendar al plenario una lista con igual número de candidaturas de hombres como de mujeres, eso se incumpliría porque solo hombres presentaron sus atestados. Por lo tanto, se modificó la metodología para que la recomendación se hiciera con base en las notas finales de los candidatos masculinos.
Por otra parte, el Foro enfatizó que la Sala Tercera tiene una función muy importante en la vida institucional del país, porque se trata del tribunal máximo en materia penal y que, eventualmente, debe conocer las acusaciones contra miembros de los supremos poderes, como las que actualmente están en proceso contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“La vacante referida debe ser integrada por una persona con los más altos atestados posibles, tanto en términos de conocimientos teóricos como experiencia y, por supuesto, con una demostrada honestidad, integridad e independencia de intereses políticos”, señaló el Foro.
Aparte de hacer esas recomendaciones sobre el proceso de selección de una nueva magistratura, el Foro pidió una sesión a la Comisión de Nombramientos, para trabajar propuestas para fortalecer la selección de jueces de la Corte Suprema.
En particular, la organización sugiere reducir la nota de la entrevista a los candidatos a esos procesos, para que no sea un 55%, sino un 15% de la calificación final.
El Foro de Justicia está integrado por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Programa Estado de la Nación (PEN) y personas expertas independientes: Marcia Aguiluz, Alfredo Chirino, Rosaura Chinchilla y el secretario técnico, Juan José Vargas.
