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Rafael Segura Bonilla, candidato a magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, aseguró este miércoles que Celso Gamboa fue nombrado como alto juez en el 2016 gracias a “amigazgos políticos evidentes”.
Segura, quien fue entrevistado por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, recordó que él compitió contra Gamboa para el cargo de magistrado propietario, pero enfatizó que las amistades políticas del exfiscal no dieron oportunidad a nadie.
“Hubo compañeros jueces que hicieron una carta (dirigida a los diputados de Nombramientos de aquel entonces) pidiendo que se nombrara a alguien con experiencia en la judicatura, que no pasara de la nada a ser magistrado”, enfatizó Segura.
Para aquel entonces, Gamboa ocupaba el puesto como fiscal adjunto y concursó para magistrado de casación penal, en sustitución de Magda Pereria, quien se había jubilado en julio de 2015.
Nombramiento de Celso Gamboa
En febrero de 2016, Gamboa recibió los votos de 43 de los 52 congresistas presentes en el plenario.
Rafael Segura respondió, ante consulta del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), que los procesos de elección fallaron en aquel momento, aunque consideró que no hay procesos de elección ideal.
“Confluyeron muchos elementos. Los amigazgos políticos eran evidentes. Tan es así que, cuando uno veía las opciones, eran prácticamente nulas. La experiencia no se tomó en cuenta en absoluto, la edad tampoco”, dijo Segura.
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En aquel momento, también concursaron Sandra Zúñiga y Patricia Solano, quienes años más tarde lograron el nombramiento como magistradas propietarias y hoy forman parte de la Sala Tercera. De hecho, Solano es hoy la presidenta de ese alto tribunal.
“El poder, si se usa mal, es lo más adictivo. Si se usan estos puestos para hacer bien, es lo mejor, pero si se usa mal, nadie lo quiere soltar. Por eso, estos elementos son muy importantes a la hora de nombrar, los requisitos de los que muchos candidatos carecen, en lo formal, permiten que haya nombramientos que luego no se pueden quitar”, indicó también Rafael Segura.
El candidato a magistrado de casación penal también cuestionó que cómo es posible que Costa Rica tenga que esperar que un órgano internacional, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tenga que venir a señalar una problemática de legitimación de capitales en el país.
“Es muy difícil, con cinco fiscales, ver todo el país. Solo en intervenciones telefónicas, hay 1.600 casos y la capacidad es de 400 intervenciones telefónicas que se pueden hacer en el departamento”, dijo.
Pese a sus cuestionamientos, Rafael Segura reconoció que los procesos de selección de magistraturas para la Corte Suprema de Justicia han mejorado.
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