El nombramiento se realizó por ocho años y contó con el apoyo de 39 legisladores.
En una votación secreta llevada a cabo en el plenario legislativo, 12 diputados se sacaron de la manga un nombre nuevo para la elección de un magistrado de la Sala III, lo que desató la indignación entre las bancadas legislativas.
Como jueza, se desempeñó en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José entre 1998 y febrero del 2017.
El magistrado penal, actualmente suspendido, tiene varios procesos administrativos abiertos en la Corte, entre ellos por supuestamente haber viajado a Panamá en compañía del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
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