EscucharUno de los diputados acusados por la Fiscalía General de la República, dentro de la causa judicial por las presuntas estructuras paralelas de financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, rechazó hacer comentarios sobre su aparición en ese expediente.
Se trata del legislador Waldo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), uno de los siete miembros de supremos poderes acusados por el fiscal general, Carlo Díaz, este lunes.
Tanto el congresista como su hija, Sofía Agüero Salazar, figuran en causas por la presunta operación de estructuras para financiar la campaña del hoy presidente, de forma paralela al financiamiento del PPSD.
En el caso de la hija del congresista, figura en una causa paralela, junto con el banquero Jack Loeb, puesto que ellos no tienen inmunidad, al no ser miembros de supremos poderes.
En particular, en el caso de ellos, se trata de la segunda estructura paralela, con la cual Rodrigo Chaves habría manejado recursos a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero, entre octubre de 2021 y febrero de 2022.
Ella recibió más de $195.000 en su cuenta del Banco Nacional (BN), de parte del empresario Loeb Casanova, dinero con el que se habrían cubierto gastos electorales como comunicación y material proselitista, según la propia Sofía Agüero reveló en entrevista con La Nación.
Consultado por este medio, a la entrada de la reunión de la fracción de gobierno, en el sexto piso de la Asamblea Legislativa, el diputado desamparadeño rechazó hablar del tema, porque alegó que “está judicializado”.
“Hay que ser respetuoso. Ya le dije que está judicializado y hay que ser respetuoso de esa decisión”, indicó.
Cuando se le preguntó si se pagaron gastos de su campaña a diputado desde la cuenta en que su hija, Sofía, habría recibido de parte de Jack Loeb, dijo que “eso va a quedar para su momento”.
En la acusación presentada por Carlo Díaz, el fiscal pide el levantamiento de la inmunidad de Agüero, la jefa chavista, Pilar Cisneros; la diputada Paola Nájera y la presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar.
Tanto Cisneros como Alpízar afirmaron que van a renunciar a su inmunidad, si la Corte Suprema de Justicia considera que hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio.
