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Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó este martes que no es posible que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pretenda que no se realicen investigaciones por presuntos casos de corrupción, como la que lleva adelante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El jerarca aseguró que la Policía Judicial actúa apegada a la ley y de forma imparcial.
El jerarca reaccionó ante los ataques lanzados por Chaves a las autoridades judiciales la semana pasada. “En la Biblia se pueden encontrar muchas respuestas a eso, en Mateo, Lucas; se habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los que sean insultados”.
“Hacemos nuestro trabajo de manera correcta, objetiva, y si otras personas creen o pretenden ensuciar la labor que hacemos, pues yo le digo que durante años el OIJ y la Fiscalía han hecho este tipo de casos y van a seguir, porque hay más denuncias. No es posible creer que un Gobierno en particular no tenga esa problemática, todos lo han tenido”, expresó el jefe de la Policía Judicial en la Asamblea Legislativa a los medios. El jerarca asistió al Congreso para exponer el presupuesto del OIJ para el 2025.
Zúñiga reaccionó a las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves, quien calificó de “cobarde” el actuar de la Fapta y el Organismo, el pasado 23 de setiembre, por trasladar a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, desde Pérez Zeledón hasta San José en un vehículo carcelario conocido como “perrera”.
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El OIJ colaboró en el allanamiento de la vivienda de Esquivel en San José, pero ella se encontraba en Pérez Zeledón la mañana de ese lunes. Luego, la jerarca se presentó voluntariamente a una oficina regional del Organismo, razón por la cual tuvo que ser trasladada abordo del vehículo oficial hasta los Tribunales de Justicia de Goicochea.
Zúñiga aseguró que el cuerpo policial “no anda buscando nada bajo las piedras”, sino que sus actuaciones responden a denuncias. “Que se nos desacredite diciendo que estamos coludidos con algún partido político, con una fuerza política oscura, eso es totalmente incorrecto”, señaló.
También, negó que exista algún tipo de ensañamiento con algún funcionario público determinado y resaltó que las acciones emprendidas siempre están dentro del marco de la ley.
“El Gobierno puede tener total confianza en que nosotros no hacemos nada en contra del ordenamiento jurídico, sino que todo lo contrario, lo hacemos basado en el ordenamiento jurídico, por Costa Rica. No es que tengamos algún conflicto con un funcionario en particular, para nada”, mencionó.
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Igualmente, destacó que, como director del OIJ, nunca ha dicho que el país esté ante un “narcoestado”, por considerar que no hay necesidad de “enlodar” a los tres poderes de la República: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Nosotros seguiremos trabajando, independientemente de que se nos quiera tachar o se nos quiera desacreditar ingratamente”, prometió.
El pasado lunes 23 de setiembre, la Fapta confirmó que investiga a Esquivel y otros siete sospechosos por los posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. En el expediente se indaga un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados por la CCSS a cuatro cooperativas y una asociación médica por 10 años.
Además de Esquivel, fueron indagados por este caso María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y María Isabel Camareno Camareno, y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
