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Los diputados aprobaron, a finales de octubre, una moción que obligará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a implementar un plan piloto para probar los resultados de la reducción progresiva del turno de trabajo semanal, dentro del proyecto sobre jornadas laborales extendidas de 12 horas, conocido popularmente como jornadas 4-3.
Se trata de la moción de fondo 843, de la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), que establece la obligación de implementar, en un plazo de 12 meses a partir de la vigencia de la ley, un plan para probar la reducción de la jornada semanal, de 48 horas a 40, sin reducción de salario.
La modificación introduce un nuevo artículo transitorio en el expediente legislativo 24.290, donde se indica que el objetivo del plan piloto es experimentar y evaluar la viabilidad de reducir la jornada ordinaria semanal.
“Este plan piloto podrá desarrollarse por sectores, regiones o grupos de empresas voluntarias, e incluirá criterios de seguimiento técnico sobre productividad, salud ocupacional, equidad de género, impacto salarial, conciliación vida-trabajo y sostenibilidad económica”, detalla la moción aprobada.
La modificación apenas tuvo los votos necesarios para aprobarse en el plenario, pues votaron en favor de la moción solo 23 congresistas, entre ellos 12 del PLN, cuatro del Frente Amplio (FA), una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), una del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y cinco independientes.
En contra de la moción votaron la mayoría de la Unidad, Nueva República (PNR), un independiente y los diputados chavistas del PPSD.
Aparte de obligar al MTSS a implementar dicho plan piloto, la moción establece que, una vez finalizado ese plan, ese ministerio deberá presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, antes de seis meses, para hacer una reforma integral de la jornada ordinaria en el país.
La propuesta establece que el MTSS coordine el diseño y la evaluación del plan piloto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), las universidades públicas y otras organizaciones sociales.
Empresarios califican propuesta de ‘populista’
Como reacción a lo aprobado por los congresistas, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) lanzó su reclamo y calificó la propuesta como una “muestra de populismo” y como “alejada de la realidad económica, social y productiva el país”.
Según los empresarios de esa cámara, la iniciativa incrementaría el costo de la hora trabajada en un 20% y adujeron que eso incrementaría el empleo informal.
El reclamo de la cámara es que la iniciativa tendría un impacto para el empresario “sin que existan condiciones de ningún tipo que hagan esperable un retorno en materia de productividad del empleo”.
“El mercado laboral evoluciona al ritmo de las expectativas laborales, de ocupación y de vida de las nuevas generaciones de trabajadores. Uno de los más grandes desafíos en la industria alimentaria es atraer y mantener el talento humano, por lo que se requieren nuevas estrategias de contratación y administración del factor humano dentro de las empresas”, dijo Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cacia.
Según Pérez, los trabajadores deben ajustarse a la nueva dinámica de los mercados de bienes, de servicios y del empleo. También arguyó que, con el alegado encarecimiento de la hora laboral, habría efectos sobre “la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares, sus derechos fundamentales en material laboral, y su acceso actual y futuro a la seguridad social básica”.
