Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, los préstamos por $770 millones para ampliar el corredor vial San José-San Ramón.
La iniciativa para ampliar la fundamental ruta tuvo el apoyo unánime de los congresistas presentes en el plenario legislativo.
El proyecto, tramitado en el expediente 25.183, contiene financiamiento por $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el resto proveniente del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional.
El proyecto establece la ampliación de la carretera en los 55,63 kilómetros de los seis tramos, para cambiar de dos a cuatro carriles, así como la radial Río Segundo, que conectará la vía San José-San Ramón con la ruta 147, en los 4,45 kilómetros, con tres carriles en el primer kilómetro y dos carriles en los 3,41 kilómetros restantes.
Entre las obras se incluyen espaldones externos e internos, así como obras complementarias, 16 intercambiadores (pasos elevados, túneles, rotondas), la mejora de siete puentes vehiculares ya existentes, y la construcción de cinco puentes nuevos, 20 puentes peatonales, 110 bahías de buses, pasos de fauna vías de servicio, sistemas de vigilancia e información a los usuarios, ocho estaciones de peaje, una de pesaje, iluminación, señalización, entre otras.
Tal como lo señaló La Nación este jueves, la escogencia de la empresa que hará la ampliación de la ruta 1 no pasará por fiscalización de la Contraloría General de la República, sino que estará en manos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el BCIE.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, enfatizó que en ese órgano se hizo un análisis serio y a profundidad del proyecto de endeudamiento, y dijo que todos los diputados estuvieron siempre de acuerdo con la obra.
Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), cuestionó que, mientras todos los legisladores estuvieron de acuerdo con el financiamiento y ejercieron su derecho a despejar las dudas y exigieron buenas condiciones del empréstito, en la Casa Presidencial, Rodrigo Chaves se estaba burlando de los congresistas y acusándolos falsamente de bloquear el crédito.
Luis Fernando Mendoza, también del Partido Liberación Nacional, destacó el trabajo de la comisión y enfatizó que fue una labor responsable para dictaminar un crédito tan grande en tiempo récord.
La socialcristiana Vanessa Castro mostró preocupación por las expropiaciones, pues enfatizó que ese proyecto requiere más de $100 millones para hacer las más de 500 expropiaciones que requiere la iniciativa.
Por su parte, la verdiblanca Monserrat Ruiz hizo un llamado a los futuros congresistas para que fiscalicen la correcta realización de las expropiaciones, a través del control político.
“Me preocupa la deuda que queda con cantones como Poás y Sarchí, pues para acceder a la ruta 1 tienen que ir hasta las radiales de Grecia y Naranjo, en trayectos de hasta 40 minutos”, dijo.
Ejecutivo atrasó entre firma y llegada al Congreso
El crédito fue aprobado en noviembre de 2024 por el BCIE, pero no fue sino hasta 10 meses después que el Poder Ejecutivo lo envió al Congreso, para que los diputados cumplan con su deber constitucional de vigilar los financiamientos internacionales, a inicios de setiembre de 2025.
Aunque llegó al orden del día de la Comisión de Hacendarios a finales de ese mes, por orden constitucional ese órgano estaba dedicado al análisis del Presupuesto Nacional.
Ya en noviembre empezó el análisis a fondo del expediente, donde en enero los diputados advirtieron que las tasas de interés del proyecto eran más altas que las del mercado, por lo que pidieron al Ministerio de Hacienda buscar una negociación con el BCIE para mejorar esas tasas, lo que finalmente sucedió.
Gisela Sánchez, presidenta del banco, anunció a inicios de marzo que los buenos resultados de la entidad le permitirán reducir las tasas de interés en todos los créditos que tienen los 15 países miembros del BCIE, incluyendo los de Costa Rica, lo que significará un ahorro para este país de $145 millones.
De hecho, la presidenta del BCIE contradijo al gobierno de Rodrigo Chaves y enfatizó que ya la rebaja de los intereses iba a suceder, mientras que Casa Presidencial alegaba que eso había sucedido exclusivamente por la gestión de la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández.
