La escogencia de la empresa que se encargará de la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón mediante un contrato de $770 millones, quedaría en manos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin pasar por la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Así lo establece el proyecto de ley que contempla los contratos de crédito entre el Gobierno de Costa Rica, el BCIE y el Fondo OPEP, con los cuales se financiarán esas obras. Dicho texto fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, la semana pasada y aprobado este jueves en primer debate.
La iniciativa establece en su artículo 7 que “se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación pública, regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las obras que se financien con recursos de los contratos de préstamo aprobados en la presente ley”.
En ese mismo artículo se indica que las adquisiciones de bienes, obras, servicios y consultorías necesarias para ejecutar los trabajos que serán financiados con esos préstamos se regirán “exclusivamente por la Política Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE”.
Además, advierte de que la disposición abarca la totalidad del procedimiento de adquisición así como los mecanismos recursivos, tales como las objeciones a los pliegos de condiciones y las impugnaciones y/o apelaciones de la adjudicación, las cuales también se tramitarán conforme a la normativa del BCIE.
“Este régimen es de aplicación mandatoria para los recursos provenientes de ambas fuentes de financiamiento externo, excluyendo la aplicación de los procedimientos de contratación pública ordinarios de la legislación nacional”, señala el texto.
El proyecto añade que, en el caso de contrataciones que se financien con recursos de la contrapartida estatal, se aplicará un mecanismo de licitación reducida con “total independencia de los umbrales económicos” que ordinariamente determinan el tipo de procedimiento.
Al respecto, representantes de la Contraloría aseguraron que la Administración no aportó ninguna justificación técnica. Así lo manifestaron en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, en enero anterior.
Herramientas de transparencia
Durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacendarios, los diputados incluyeron una moción en la que se indica que el organismo ejecutor (en este caso el Conavi) tendrá la obligación de publicar un portal accesible al público con todos los procedimientos de contratación y mantenerlo actualizado.
Además, debe divulgar los carteles de licitación, el estado de las ofertas recibidas, los criterios de evaluación, el listado de profesionales contratados para este proyecto y de cualquier empresa de servicios, asesorías o supervisión con su respectivo nombre y cédula jurídica, así como los contratos adjudicados realizados bajo el marco normativo del BCIE.
“Esta publicación deberá garantizar la trazabilidad de los procesos, la rendición de cuentas y el acceso a la información, con el fin de asegurar un estándar mínimo de control y transparencia compatible con el interés público”, reza la moción aprobada.
Por su parte, la División de Contratación Pública de la Contraloría de la República confirmó ante consulta de La Nación, que ese órgano no tendría ninguna participación en la fiscalización previa a la etapa de adjudicación, por lo que los recursos de objeción al cartel y las eventuales apelaciones a la adjudicación no se tramitarán en esa instancia.
“El proyecto de carretera San José-San Ramón, como cualquier proyecto de obra pública puede ser objeto de fiscalización posterior, mediante los diversos mecanismos que el ordenamiento jurídico le posibilita”, agregó en la respuesta.
Durante la audiencia en Hacendarios, la Contraloría recomendó aclarar que se debían aplicar los principios constitucionales de la Ley de Contratación Pública, además, añadir artículos de control posterior, acceso a la información, aplicación supletoria de la Ley de Contratación e incorporar mecanismos tecnológicos que permitan facilitar el control y fiscalización en diversas etapas del proyecto.
La legisladora Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión, aseguró que por tratarse de un convenio internacional (el contrato de préstamo), las condiciones establecidas por el organismo multilateral no se podían variar.
Ramírez señaló que lo que sí se hizo en este caso fue agregar la moción donde se obliga a la Administración a implementar las herramientas necesarias para asegurar la transparencia, fiscalización y trazabilidad en todo el proceso, e incluso darle mayor publicidad.
La liberacionista sostuvo que en este proyecto buscaron subsanar algunos problemas que presentó el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), cuyo crédito también proviene del BCIE.
Por ello, según detalló, se integraron recomendaciones de la Contraloría, la Cámara de la Construcción y otros actores sobre temas de trazabilidad y publicidad de las contrataciones.
BCIE: proyecto tiene ‘bastantes filtros’
Durante una audiencia en Hacendarios, el gerente del BCIE, Álvaro Alfaro, aseguró que el contrato para ampliar la carretera entre San José y San Ramón cuenta con “bastantes filtros” para evitar cuestionamientos en materia de transparencia.
Alfaro afirmó que el proyecto dispondrá de una supervisión interna de la unidad ejecutora, un supervisor externo y que existe, además, la obligación de una auditoría externa que será pública.
“La Contraloría siempre participa, el préstamo de Proeri es un ejemplo. Este es el momento en que tenemos mejor relación con la Contraloría, tenemos una comunicación fluida (...).
“El BCIE tiene unos parámetros de transparencia y anticorrupción sumamente elevados. La política es que en máximo en un día cualquier información que pida un órgano contralor está a disposición. No existe nada que la Contraloría no pueda ver; el banco no tiene nada que esconderle a ningún ciudadano de Centroamérica”, afirmó.
La Nación dirigió consultas adicionales tanto al BCIE como al Conavi, para conocer cuáles serían las herramientas que se incluirían para garantizar las condiciones de trazabilidad y transparencia indicadas.
Además, se les consultó si, al igual que Proeri, la contratación de la empresa que se encargará del diseño, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial, se realizará fuera del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
No obstante, al cierre de esta publicación no se obtuvieron respuestas.
Ampliación abarcará 55 kilómetros
La ampliación de los 55 km entre San José y San Ramón se financiará con un crédito de $770 millones del BCIE y el fondo de OPEP (que corresponden a un cofinanciamiento de la operación del BCIE). Ese financiamiento fue aprobado en primer debate este miércoles por la Asamblea Legislativa.
El crédito se pagaría mediante tarifas de peaje que rondarían los $3 por recorrido.
El nuevo plan para construir la carretera mantiene la misma cantidad de carriles considerados en el proyecto anterior que fue planteado por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica, es decir uno adicional en cada sección, pero aumenta las velocidades de circulación.
Además, el Conavi dividió el trayecto en seis secciones para poder iniciar las obras aunque no se disponga de todos los terrenos requeridos,
La iniciativa incluye la construcción de 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos y 20 puentes peatonales, así como 4,5 km de la radial a Río Segundo y obras complementarias.
El MOPT indicó que la intención es comenzar los trabajos el próximo año y finalizar el proyecto en el 2031.