En un discurso de tintes electorales, el diputado Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), defendió esta semana, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la propuesta de suspender las garantías individuales que hizo la candidata presidencial chavista Laura Fernández.
Según Barrantes, se trataría de una medida solamente para “quienes dañan nuestros barrios” y no para la gente que trabaja todos los días ni para los estudiantes que van a la escuela y el colegio.
“Tampoco para los adultos mayores que visitan las clínicas”, alegó el legislador puntarenense.
En una intervención de “control político” en el plenario del Congreso, Barrantes alegó el martes que se trataría de una medida “para proteger a quienes cumplen con la ley y enfrentar a quienes dañan nuestros barrios”.
Aunque Barrantes aseguró que se trataría de una medida excepcional “dirigida con inteligencia policial”, la Constitución Política no establece que la suspensión de garantías que se aplique en todo o parte del territorio nacional, y que pueda enfocarse en unos ciudadanos sí y en otros no.
La suspensión de garantías que establece la Constitución solo puede ser aprobada por la Asamblea Legislativa por una votación muy calificada de 38 votos (dos tercios de los legisladores).
Dicha medida aplica para las libertades de tránsito, de salida e ingreso al país, la propiedad privada, el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones.
También suspende el derecho a reunirse en sitios públicos o privados, la libertad de expresión, el derecho a solicitar información pública y el derecho a no ser detenido sin indicio comprobado de haber cometido un delito.
Pese a lo afirmado por el diputado chavista sobre la cobertura, la suspensión de garantías aplicaría para todas las personas que estén en el territorio afectado por esa decisión.
Precisamente por eso, es una decisión muy calificada que solo puede tomar una amplia mayoría del Congreso.
El debate sobre este tema surgió, el viernes pasado, cuando la candidata oficialista, Laura Fernández, sugirió la suspensión de garantías como una eventual solución a la crisis de inseguridad del país.
Otros candidatos presidenciales, como Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social (CDS), o Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), rechazaron públicamente esa opción.
Fernández no es la única que ha mencionado esa idea. Antes lo había hecho Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, quien ha proclamado su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la cuestionada suspensión de garantías que ha aplicado en ese país.
