La diputada Priscilla Vindas Salazar, del Frente Amplio (FA), intentará, por octava vez en 17 años, que avance un proyecto de ley con el objetivo de cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), es decir, la policía de la Presidencia de la República.
La legisladora presentó, este 1.º de julio, el expediente legislativo 25.070, que busca derogar los artículos de la Ley General de Policía que le dan sustento jurídico a la DIS y le especifican sus funciones.
En diciembre del 2008, el primer diputado que tuvo el FA, José Merino, impulsó la eliminación de la DIS, y explicó, en aquel momento, que esa Dirección operaba como “un cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas, al servicio de oscuros intereses, que poco o nada tienen que ver con la seguridad del Estado democrático y social de derecho“.
Un mes antes de que Merino presentara el proyecto, la Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público había detenido a su subdirector, Roberto Guillén, envuelto en un escándalo de supuesta corrupción.
En enero del 2011, luego de dos años de suspensión administrativa, Guillén regresó a su cargo como jefe de operaciones de ese cuerpo.
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La iniciativa de Priscilla Vindas se presenta en medio de varias polémicas que envuelven a ese cuerpo policial, empezando por el cuestionamiento del diputado oficialista, Manuel Morales, porque un agente de la DIS presuntamente ha perseguido y hostigado a una persona allegada del congresista.
Adicionalmente, se han lanzado cuestionamientos contra esa policía por enviar a cinco oficiales para participar de una capacitación en Taiwán, pese a que Costa Rica tiene, desde el 2007, relaciones diplomáticas con la República Popular China, nación que exige de sus aliados el respeto al principio de una sola China.
Incluso, el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsó la apertura de una investigación en la Comisión sobre Gasto Público para indagar sobre las presuntas irregularidades en la asignación de tareas para esa policía de la Presidencia.
La sospecha de Nicolás es que se hayan utilizado recursos técnicos y humanos para perseguir a miembros de supremos poderes y de la prensa, críticos de la administración de Rodrigo Chaves.
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Aparte de las firmas del FA, también apoyan la iniciativa de Priscilla Vindas las legisladoras independientes Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba y Gloria Navas, así como del oficialista Manuel Morales.
“Este proyecto busca garantizar que los recursos designados a la DIS, que tienen un uso discrecional y no sabemos cómo se utilizan, sean utilizados para garantizar seguridad para toda la ciudadanía costarricense, repartiendo la mitad de los recursos para el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, y la otra mitad para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, señaló la diputada.
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Vindas afirmó que la seguridad por la que supuestamente aboga la DIS alcance a toda la población y no sea utilizada como una policía política, como presume que la ha empleado la administración Chaves Robles.
Aparte de todas las fracciones del Frente Amplio desde el 2008, también el Movimiento Libertario, que lideró Otto Guevara en su momento, planteó la derogatoria de las normas que habilitan a la DIS.
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El expediente más reciente para eliminar esa policía política era de Vindas y fue archivado en mayo, luego de que recibió un dictamen negativo de minoría en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, ese mandatario nombró a Mariano Figueres como director de la DIS, quien impulsó una reforma para convertirla en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), para investigar amenazas a la integridad y la estabilidad del Estado.
