EscucharUna semana después de que la Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para quitarle la inmunidad al presidente, Rodrigo Chaves, por una investigación sobre beligerancia política, el Congreso aún no ha dado un solo paso en el trámite solicitado.
El expediente con las 15 denuncias contra el mandatario cruzó la avenida 1 que separa al Tribunal de la Asamblea para ser colocado dentro de una caja fuerte, bajo la estricta vigilancia de una cámara de seguridad, donde hasta el momento ningún diputado ha podido acceder a su contenido.
Los más de mil folios y varios discos compactos están a resguardo en el Departamento de Comisiones, en el piso -1 del Congreso, mientras llega el lunes 20 de octubre, fecha en que la presidenta en ejercicio, Vanessa Castro, eventualmente dará a conocer una resolución sobre los pasos por seguir ante la solicitud del TSE.
Así se lo explicó Castro a los seis jefes de las fracciones legislativas en la reunión del jueves pasado, cuando los voceros chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros y Daniel Vargas, le pidieron a la legisladora rechazar de plano la petición del órgano electoral.
Castro enfatizó que ella se ajustará a los mismos plazos que utilizó Rodrigo Arias para la solicitud de desafuero anterior, la acusación penal por el caso BCIE-Cariñitos en que la Corte Suprema de Justicia solicitó levantar la inmunidad de Chaves, pero fue rechazada en el plenario legislativo.
Antes de que la socialcristiana adopte su resolución y la anuncie en el plenario, Pilar Cisneros dijo que buscaría respuestas del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso y del propio TSE, pues busca reforzar su argumento de que el órgano electoral no tiene legitimidad para exigir que se levante la inmunidad presidencial.
No obstante, este lunes, el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal, el letrado Andrei Cambronero, describió punto por punto cuáles son las normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como jurisprudencia electoral, que autorizan al TSE para solicitar el levantamiento de la inmunidad presidencial y, eventualmente, proceder con la cancelación de las credenciales.
