EscucharLa consultora Kemly Arias Sandí, quien fue contratada para elaborar un estudio actuarial sobre las pensiones de lujo, propuso un tope más estricto del que planteó el gobierno en su proyecto de ley para regular esta materia.
El informe de la consultora sugirió fijar el límite en ¢1.150.000. La administración de Rodrigo Chaves, en tanto, propuso un monto máximo de ¢1,7 millones mensuales, similar al de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Kemly Arias elaboró el estudio para el gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ella estudio la situación de los sistemas de jubilaciones del Ministerio de Trabajo, el Magisterio y el Poder Judicial, en donde se ubican las llamadas pensiones de lujo.
El estudio actuarial realizado por Arias es parte fundamental del proyecto de ley 24.786, planteado por el Poder Ejecutivo el 22 de enero. La iniciativa pretende recortar las pensiones de lujo, tanto de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, como los del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
No obstante, la propuesta plantea aplicar el tope tanto a las pensiones nuevas como a las vigentes. En este aspecto, podría chocar con jurisprudencia constitucional que protege los derechos adquiridos.
Arias recomendó dos tipos de topes para las 46.801 pensiones del Magisterio Nacional, y las 12.968 jubilaciones de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), estas últimas con cargo en el Presupuesto Nacional.
En principio, es necesario conocer que en Costa Rica existen tres tipos de pensiones del Magisterio: la primera, basada en la ley 2248 de 1958, no establece ningún tope; la segunda, fundamentada en la ley 7268 de 1991, tiene un tope que puede llegar a los ¢4 millones; la tercera, aplicada desde enero de 1997 por la ley 7531, también tiene un límite de ¢4 millones, que puede ser ampliado si el empleado sigue trabajando. La Nación explicó estas particularidades en un artículo de enero del 2023:
Sin embargo, en su estudio actuarial, la consultora Kemly Arias recomendó un tope neto de equilibrio de ¢1.150.000 mensuales o más, para los pensionados en curso del régimen establecido por la ley 7531, de 1997.
Por su parte, para las jubilaciones establecidas por las leyes 1958 y 1991, la especialista recomendó un tope menor o igual al fijado para los pensionados bajo la ley 7531.
Esto quiere decir que si a los jubilados por la ley 7531 se les fija un límite de ¢1.150.000 mensuales, a los pensionados por las dos leyes anteriores se les asignaría un monto igual o inferior.
Este mismo monto se le aplicaría a los 12.968 jubilados por la Dirección Nacional de Pensiones, con cargo al Presupuesto Nacional. Todos estos límites afectarían tanto las remuneraciones mensuales como el aguinaldo de cada pensionado.
El estudio no hace recomendaciones de un tope específico para el régimen de pensiones del Poder Judicial.
La investigación realizada por Arias utilizó datos del 2022, y evidencia que el 21% de las pensiones otorgadas por la DNP con cargo al Presupuesto Nacional superan los ¢1,5 millones mensuales. En el caso de las pensiones del Magisterio, esta tasa es del 22%.
En contraposición, solo el 3,8% de las jubilaciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sobrepasan ese monto.
Con el tope de ¢1,7 millones mensuales, el Ejecutivo busca aplicar a todos los regímenes un límite idéntico al que ya existe para los pensionados del IVM. El monto máximo al régimen de la CCSS aplica para las pensiones sin postergación, es decir, sin que los trabajadores continúen trabajando tras cumplir con los requisitos para retirarse.
Según el estudio de Arias, en el caso de las 12.968 pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, 916 (el 7%) están por encima del tope del IVM. Incluso, una de ellas tiene un monto bruto de ¢13,9 millones, es decir, sin contar las reducciones por las contribuciones solidarias ya existentes.
Por su parte, de las 46.801 pensiones del Magisterio, el 8,6% supera el monto del tope sin postergación del IVM, donde la más alta sería de ¢14,9 millones sin rebajas.
El estudio actuarial realizado por Kemly Arias evidencia cuál es el costo anual de cada régimen por pensionado. El IVM desembolsa aproximadamente ¢3,6 millones por pensionado, la DNP paga un promedio de ¢8,6 millones por jubilado, mientras que el régimen del Magisterio reconoce un promedio de ¢12,6 millones por pensionado.
La intención del Poder Ejecutivo es aplicar el límite de ¢1,7 millones no solo a los jubilados futuros, sino también a los actuales, a pesar de la jurisprudencia de la Sala Constitucional que avala la reducción de esas pensiones mediante contribuciones solidarias, pero no mediante una rebaja directa, por tratarse de un derecho adquirido del beneficiario.
En el 2019, la Asamblea Legislativa impuso contribuciones solidarias a las pensiones que superaran los ¢2,2 millones. Mientras más alta sea la pensión, mayor es el requerimiento, siempre que, después de realizar todas las deducciones legales, al pensionado no se le recorte más del 50% bruto de su remuneración.
Además de la reforma legal presentada en el Congreso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que tienen preparada la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la posibilidad de fijar un tope a las pensiones de lujo.
