EscucharLa Comisión Especial sobre el Levantamiento de la Inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, aprobó una moción para pedir una ampliación del plazo que tienen para emitir un informe al plenario de la Asamblea Legislativa.
Este martes por la noche, en una votación unánime, se aprobó pedir una ampliación por una única vez, de aproximadamente seis días hábiles, pues el plazo inicial de ese órgano ya se vence el viernes 29 de agosto.
La moción propuesta por la liberacionista Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, establece que se pida una ampliación para entregar su informe el lunes 8 de setiembre. Esa propuesta fue avalada de forma unánime y ahora deberá ser ratificada por el plenario.
Este martes, ese órgano recibió al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, el último testimonio que estaba pendiente, luego de haber tenido la comparecencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el viernes pasado.
El mandato de las tres personas integrantes de la comisión era recibir los alegatos de la parte acusadora, que es el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y darle también suficiente espacio a la defensa de Chaves y Rodríguez para entregar todo lo que consideren necesario para rebatir los argumentos del fiscal.
Ahora, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Daniel Vargas, legislador chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), deberán debatir y votar si recomiendan al plenario levantarle el fuero de improcedibilidad penal a Chaves y a Rodríguez.
El ministro, este martes, anunció que él renuncia a la inmunidad para afrontar el proceso penal por el presunto delito de concusión, aunque considera que la Constitución Política le impide realmente despojarse de ese fuero y finalmente los diputados deben someter el levantamiento a votación, en el plenario.
Sea que los diputados recomienden el desafuero del presidente y el ministro o no, el plenario tiene autonomía constitucional para tomar una decisión final, según lo establece la Carta Magna.
La responsabilidad de los congresistas es determinar si hay suficientes elementos para que Chaves y Rodríguez afronten la acusación penal o si, de lo contrario, la acusación penal no cumple con los requisitos para que se eleve a juicio el caso.
