Estas limitaciones fueron establecidas en la primera y segunda cláusulas del contrato, según información suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ante una consulta de La Nación.
Como garantía de pago, los verdiblancos entregaron a BCT un único certificado de cesión de la contribución estatal, serie A, por la totalidad de los recursos. No obstante, si por alguna razón la contribución estatal no se gira o el monto reconocido resulta menor al adeudado, el partido deberá asumir la diferencia con sus propios recursos.
Si bien Álvaro Ramos afirmó, el martes 9 de diciembre, que el préstamo con el Banco BCT es “bastante menor” al obtenido en procesos anteriores, la diferencia con respecto al financiamiento acordado para la campaña presidencial de 2022 es de apenas ¢250 millones. En aquel proceso, el PLN pactó con la entidad bancaria un crédito de hasta ¢3.650.000.000.
“El banco dijo: yo sí le puedo prestar, pero tiene que ser menos que otras veces, porque vamos a ir evaluando cómo le va con San Ramón”, indicó. El candidato calificó la reducción del monto como una “afectación” derivada de la imposibilidad del PLN de completar la renovación de sus estructuras, un requisito indispensable para acceder a la deuda política.
La asamblea cantonal de San Ramón es la única que el partido aún tiene pendiente de celebrar.
La contribución estatal que se distribuirá entre las agrupaciones participantes en los comicios del próximo año opera bajo un esquema de reembolso. Se reconoce a los partidos los gastos de campaña una vez concluidas las elecciones, siempre y cuando superen el umbral del 4% de los votos válidos emitidos o logren elegir al menos un diputado.
