El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la terna propuesta por Costa Rica para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en medio de cuestionamientos por los perfiles seleccionados y señalamientos sobre un eventual pago de favores políticos.
El gobierno de Laura Fernández postuló al exdiputado Gilberth Jiménez y a la hermana de la exlegisladora Melina Ajoy, la embajadora de carrera Lina Ajoy, y a la exembajadora en Estados Unidos, Catalina Crespo.
Tanto Jiménez, como Melina Ajoy, formaron parte del bloque de diputados de oposición del periodo anterior que se alineó con el oficialismo y mostró cercanía con el presidente Rodrigo Chaves. Incluso, votaron en contra en los dos procesos que conoció el Congreso pasado para levantar la inmunidad del entonces mandatario.
Jiménez llegó a Cuesta de Moras electo por el Partido Liberación Nacional (PLN) y Ajoy por la Unidad Social Cristiana (PUSC); sin embargo, ambos terminaron el periodo como independientes.
Criterios de selección
Ante consultas de La Nación sobre cómo había sido el proceso de selección, la Cancillería sostuvo que la definición de los candidatos es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, amparada en el artículo 140 de la Constitución Política, y aseguró que las tres personas incluidas cuentan con “amplia trayectoria profesional y experiencia” en áreas relacionadas con el cargo.
La Cancillería no respondió a la consulta de si la terna sería un reflejo del pago de favores políticos hacia los exdiputados Gilberth Jiménez y Melina Ajoy, por parte del gobierno anterior y del cual la administración Fernández Delgado representa la continuidad.
En el caso de Jiménez, quien no posee experiencia diplomática ni ha trabajado en organismos internacionales, Relaciones Exteriores justificó su inclusión señalando que presidió la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa durante el periodo 2025-2026.
El propio exlegislador confirmó a La Nación que no participó en un proceso formal de entrevista y que su postulación se limitó al envío de documentos por correo electrónico, un día antes de que el canciller Manuel Tovar comunicara a República Dominicana —país que ejerce la presidencia pro témpore del SICA— los nombres de la terna y solicitara iniciar el proceso de elección.
Según la Cancillería, la experiencia de Jiménez en materia de seguridad “puede ser de gran valor para el trabajo que se desarrolla en el SICA”, dado que se trata de un tema prioritario para los Estados miembros.
Sobre Lina Ajoy, la institución destacó su trayectoria en el servicio exterior y su experiencia en ámbitos bilaterales y multilaterales. Ha ocupado cargos como directora alterna de Política Exterior, Servicio Exterior y Cooperación Internacional, y recientemente se desempeñó como embajadora ante El Salvador y representante de Costa Rica ante el SICA.
En cuanto a Catalina Crespo, se resaltó su paso como embajadora de Costa Rica en Estados Unidos (2022-2026), así como su experiencia como asesora de la Misión Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Cancillería también mencionó su gestión como defensora de los Habitantes (2018-2022). Durante ese periodo, Crespo enfrentó un proceso de destitución en la Asamblea Legislativa, del cual salió librada con el respaldo de 36 diputados. Asimismo, recibió cuestionamientos internos: en 2020, un grupo de 12 directores de la institución solicitó su renuncia.
Conflicto en el SICA
La Secretaría General del SICA permanece vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el que había sido nombrado por el periodo 2022-2026.
Desde entonces, Nicaragua ha presentado tres ternas que no lograron consenso entre los Estados miembros, lo que provocó un bloqueo en el proceso de elección. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha manifestado su oposición a discutir la terna costarricense sin resolver sus propuestas anteriores y ha advertido que cualquier decisión en ese sentido podría carecer de legitimidad.
Previo a la postulación de Costa Rica, los cancilleres del SICA acordaron reinterpretar la regla del consenso que rige en el organismo, con el fin de evitar bloqueos en la toma de decisiones. El ajuste permitiría avanzar mediante mayoría calificada, lo que abre la posibilidad de elegir al nuevo secretario general a partir de la terna presentada por el país.