El Gobierno confirmó este martes el nombramiento de la exdefensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, como embajadora de Costa Rica en Estados Unidos.
La información fue confirmada por el canciller Arnoldo André Tinoco mediante un video compartido por la oficina de prensa de la Cancillería.
“Hemos designado a la embajadora Crespo en Washington por considerar que es la persona que tiene las cualidades profesionales y personales idóneas para representarnos ante el Departamento de Estado, el Congreso, el Senado y las autoridades de la Casa Blanca”, manifestó André.
La exdefensora de los Habitantes no tiene carrera diplomática. No obstante, el canciller arguyó que “creemos que reúne las condiciones para ejercer en la mejor forma el cargo que se le ha encomendado”.
El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, pidió a la Cancillería aclarar si la embajadora designada no tiene causas penales pendientes, uno de los requisitos fijados para un nombramiento en comisión en el Servicio Exterior.
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Crespo asumirá el cargo que está vacante desde octubre de 2022, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cesó al exembajador Fernando Llorca, nombrado por Carlos Alvarado.
Crespo dejó su cargo en la Defensoría en diciembre anterior, al vencer su nombramiento. La funcionaria no optó por la reelección como defensora.
Durante su gestión, Crespo afrontó un proceso de destitución en el Congreso, pero conservó el cargo con el respaldo de 36 diputados.
Los diputados la investigaron, por ejemplo, por el extravío del audio de una entrevista al entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Además, se le cuestionó por excluir de la investigación sobre la UPAD al exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
Durante su gestión, la defensora también rompió un convenio de lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con una organización externa y cerró el consultorio jurídico que brindaba asesoría legal gratuita a personas de escasos recursos en la Defensoría de los Habitantes.
También, recibió críticas por parte de funcionarios de la institución. Un grupo de 12 directores le solicitó su renuncia en 2020.