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El jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, solicitó al mandatario Rodrigo Chaves explicaciones sobre los mecanismos utilizados por la Presidencia de la República para verificar los antecedentes de las personas que se van a nombrar en los puestos jerárquicos del gobierno.
La solicitud llegó a raíz del nombramiento y pronta renuncia de Juan Ignacio Rodríguez Araya como presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), quien dejó el cargo el viernes, luego de trascender que fue mencionado en el expediente judicial del Caso Azteca y llegó a ser considerado, por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso de proveer droga al líder de una organización criminal.
En la nota, Ortega le señaló a Chaves la gravedad de que se haya designado en un puesto jerárquico a una persona que, desde noviembre del 2021, aparecía mencionada en el expediente judicial de ese caso y que había llamado en siete ocasiones al presunto líder de una presunta narco, Héctor Emilio Camelo Méndez, sin contar que también se había reunido con él.
“Dada la gravedad de esta situación, considero crucial plantearle una serie de consultas sobre los procedimientos de investigación aplicados a las personas propuestas para ocupar cargos públicos nombrados desde el Poder Ejecutivo”, enfatizó el frenteamplista.
Entre las preguntas, están si conocía la Presidencia de la República sobre los antecedentes de Rodríguez Araya con el Caso Azteca y si hay un procedimiento de investigación desde el despacho del mandatario antes de nombrar a una persona en una presidencia ejecutiva o en un ministerio.
“¿Cómo se verifica la información proporcionada por los candidatos a presidencias ejecutivas o ministerios, incluyendo su historial personal y profesional, para detectar posibles inconsistencias o irregularidades?”, requirió el diputado.
Adicionalmente, Antonio Ortega preguntó si la Unidad Especial de Intervención (UEI) es consultada sobre los antecedentes de las personas antes de ser nombradas en una alta jerarquía del Poder Ejecutivo, o si hay colaboración con otras instituciones u organismos, como el Poder Judicial o la Procuraduría General de la República, para obtener información relevante de las personas por nombrarse.
En la carta dirigida a Zapote, el jefe del FA recordó que el caso de Juan Ignacio Rodríguez Araya no es el primero en que un jerarca es cuestionado.
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Ortega recordó el caso de Braulio Venegas Dijeres, quien renunció como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), cuando se dio a conocer su relación con un abogado sospechoso de integrar una supuesta banda dedicada al lavado de dinero.
En noviembre del 2023, La Nación dio a conocer que Venegas había gestionado una cita en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para Francisco Montes, quien fue detenido como sospechoso de integrar la banda del Caso Corona. Dos días después, Venegas renunció por esa relación.
