El 30 de enero, el mandatario Rodrigo Chaves elogió a Juan Ignacio Rodríguez Araya al nombrarlo presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Lo hizo en el acto en el que anunció la salida de cinco jerarcas y la llegada de sustitutos.
Con una emotiva música de fondo, Chaves pidió a Rodríguez ver su espíritu de jaguar, mientras le colocaban un pin en la solapa del saco. El gobernante aseguró que el nuevo jerarca, así como los otros que acababa de nombrar, eran profesionales y amigos de toda su confianza. “Nos conocemos bien”, aseveró.
No obstante, tan solo una semana después, trascendió que Juan Ignacio Rodríguez Araya estuvo en contacto con el colombiano Héctor Emilio Camelo Méndez, el presunto líder de una banda narcotraficante a quien ya la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico acusó penalmente. Los contactos constan en comunicaciones que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) interceptó en el marco de la pesquisa conocida como Caso Azteca, en la que se investiga una presunta operación de tráfico de drogas y un aparente lavado de dinero mediante 17 contratos de obras con Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la zona del Pacífico central.
El jueves 6 de febrero, después de que Telenoticias revelara los contactos en su edición del mediodía, el periodista de La Nación, Aarón Sequeira, publicó que el OIJ interceptó siete llamadas entre el entonces presidente del Inder y Héctor Camelo Méndez de mayo a agosto del 2021.
Según el expediente del Caso Azteca, el OIJ interpretó que Juan Ignacio Rodríguez ofreció cocaína al líder del grupo investigado. Por su parte, la Fiscalía respondió que “pese a su ofrecimiento de estupefacientes al acusado Camelo Méndez, la entrega nunca se materializó”, por lo que “probatoriamente no pudo formularse requerimiento alguno ni imputación en contra de esta persona”. Tanto el OIJ como la Fiscalía lo tuvieron como sospechoso de proveer droga.
El viernes 7 de febrero, un día después de las publicaciones de la prensa, Rodríguez anunció su renuncia a solicitud de Rodrigo Chaves. Un día antes, el entonces jerarca del Inder había negado cualquier vínculo comercial con los investigados en el Caso Azteca, además de que insistió en que no ha recibido imputación judicial alguna.
La Presidencia de la República no emitió ningún comentario sobre lo sucedido, pese a que el periodista Aarón Sequeira había consultado a Zapote si, antes de efectuar el nombramiento, el gobierno tenía conocimiento de que el funcionario aparecía en el expediente del Caso Azteca.
Para el momento de la designación, Juan Ignacio Rodríguez ya llevaba dos años de trabajar como jefe de despacho del anterior presidente ejecutivo del Inder, Osvaldo Artavia. Antes de eso, había laborado como asesor en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), también en esta administración.
Diputados de oposición criticaron la verificación que hace Presidencia de los aspirantes a altos puestos en el Gobierno. Antonio Ortega, del Frente Amplio, cuestionó qué hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) “además de perseguir a opositores”.
En su criterio, solo hay dos opciones: el gobierno lo nombró a sabiendas de que se le mencionaba en el expediente del Caso Azteca, o la revisión de Casa Presidencial falló.
De parte del oficialismo, se pronunció la diputada Pilar Cisneros. Ella argumentó que en esta administración, cada vez que se nombra a alguien, se le hace una investigación y, en el caso de Juan Ignacio Rodríguez, no apareció ninguna condena penal ni investigación en curso.
Hasta aquí el Corrillos Políticos de esta semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.