De acuerdo con el expediente del Caso Azteca, Juan Ignacio Rodríguez le hizo siete llamadas a Héctor Emilio Camelo Méndez, a qiuen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica como el líder de una presunta organización narco. Las comunicaciones se efectuaron entre el 4 de mayo y el 23 de agosto del 2021.
“Esto hace cuestionar qué hacen la DIS, la UEI o el ministro de Seguridad, Mario Zamora, además de perseguir opositores”
— Diputado Antonio Ortega
La policía judicial interpretó, a partir de las conversaciones interceptadas, que ambos hablaron de una eventual entrega de droga, versión que el ahora exfuncionario niega.
Este viernes, el ahora exjerarca reiteró que no está involucrado de algún modo con la banda desarticulada por el Caso Azteca. En su renuncia, puntualizó que acató la orden de Chaves “en aras de la transparencia y siendo consecuente con la línea de esta administración de cero tolerancia en hechos que generen cualquier tipo de duda”.
“Sobre los hechos denunciados, aclaro que nunca he sido indagado ni figuro como imputado del proceso judicial mencionado. Me siento orgulloso de haber sido parte del equipo que lideró el mayor impulso de la institución en favor de las zonas rurales”, escribió en el comunicado.
El Ministerio Público confirmó que el expresidente del Inder figuraba en el expediente como sospechoso de proveer droga a la organización del Caso Azteca, grupo que ahora está acusado de tráfico internacional de estupefacientes y legitimación de capitales.
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La Fiscalía explicó que, pese al ofrecimiento que Rodríguez le hizo a Camelo, la entrega no se habría concretado finalmente y que, en consecuencia, no se pudo formular requerimiento ni imputación contra el ahora expresidente del Inder.
Los hechos descritos en el expediente judicial ocurrieron en el 2021, antes de que Rodríguez Araya se sumara a la administración Chaves Robles, pues a partir de mayo del 2022 y hasta diciembre de ese año fungió como asesor del entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Alvarado Briceño. En enero del 2023, empezó a laborar para el Inder.
Diputados cuestionan falta de revisión en nombramientos
Poco antes de que se diera a conocer la renuncia de Rodríguez Araya, varios diputados cuestionaron, en declaraciones a La Nación, que el gobierno no aplicara los debidos protocolos de revisión de los atestados de las personas que va a nombrar en altos cargos del gabinete.
El jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, comentó que es lamentable que ese tipo de nombramientos se den en el gobierno, porque un nombramiento de ese nivel debe ser analizado en profundidad por el presidente de la República.
Para Antonio Ortega, vocero del Frente Amplio (FA), solo hay dos posibilidades: que el gobierno supiera de antemano que Rodríguez Araya estaba involucrado en el Caso Azteca y, de todas maneras, lo nombró en el cargo; o bien, “que no supieran de esos antecedentes, lo que hace cuestionar qué hacen la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI), o qué hace el ministro de Seguridad, Mario Zamora, además de perseguir opositores”.
“Qué están haciendo por la seguridad y la inteligencia, por la seguridad del presidente y del gabinete, para que no se infiltre el narcotráfico. Esto genera no solo sospechas y alarmas sobre la permisibilidad del gobierno, pero se ofenden cada vez que alguien insinúa lo de narcogobierno”, reclamó Ortega.
La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que la renuncia de Rodríguez era un paso necesario para la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía. “Uno espera que no se vuelvan a dar situaciones como esta y que el presidente Chaves, cuando haga un nombramiento, tenga claro que no existan cuestionamientos a las personas que elija”, dijo.
