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32 diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio y varios independientes aprobaron un pronunciamiento de apoyo a las acciones del Poder Judicial en el caso del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, denunciado por violación.
Así quedó plasmado en la votación de una moción impulsada por Francisco Nicolás, del PLN, que tuvo apoyo mayoritario de los congresistas, pues solo diez votaron en contra de la manifestación.
“Expresamos nuestro respaldo a las gestiones oportunas y expeditas realizadas por la Corte Suprema de Justicia en defensa del deber de probidad que debe regir en todo cargo público, especialmente dentro del Poder Judicial”, dice la moción de orden aprobada.
A diferencia de Liberación, la Unidad, el FA y los independientes que votaron en favor de la moción, los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y los de Nueva República votaron en contra.
Contra Randall Zúñiga se presentaron tres denuncias penales por presunta violación, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía Adjunta de de Género.
Además, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal de la Inspección Judicial abrirle un proceso administrativo por eventuales faltas al deber de probidad.
Por ello, la Corte Suprema de Justicia acordó separarlo del cargo durante 15 días hábiles, con el fin de permitir el desarrollo de la investigación correspondiente.
En opinión de los 32 congresistas, el Poder Judicial demostró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la justicia, así como el respeto absoluto a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa.
Por otra parte, la moción también destaca que, pese a la separación de Randall Zúñiga como director del OIJ, la Corte debe garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de la Policía Judicial, “cuya labor en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad se mantiene firme, comprometida y al servicio del país”.
La jefa chavista del PPSD, Pilar Cisneros, argumentó en contra de la moción, pues dijo que darle un voto de respaldo a la Corte Suprema de Justicia por sus acciones en el caso de Zúñiga “es absolutamente improcedente”.
La vocera del gobierno alegó que el Poder Judicial tiene que cumplir con su deber, proceder con imparcialidad, con celeridad, haciendo la investigación como debe, protegiendo a las víctimas.
“Es como darle un voto de apoyo a Recope por suministrar el combustible, para eso fue creada, o al Tribunal Supremo de Elecciones por organizar las elecciones, o a nosotros los diputados por aprobar el Presupuesto Nacional”, dijo Cisneros.
Ella añadió que la Corte tiene que actuar como lo dice la moción y no necesita ningún voto de apoyo, aplauso o reconocimiento por hacer el trabajo para el cual fue constituida.
Frente a lo dicho por la oficialista, la verdiblanca Monserrat Ruiz enfatizó que es necesario darle un voto de apoyo a la Corte porque el Ejecutivo “solo sale a atacar, en sus shows, y pone a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu, Yerlin Zúñiga) a fungir de acusadora de delitos sexuales, pero no toma cartas en el asunto de un ministro suyo acusado de violencia sexual”.
“El FA solicitó separar a don Randall de su cargo apenas supo de este caso, porque todos los poderes deben responder a la altura cuando se presentan estos casos, pero algunos no se ha dado la respuesta necesaria, cuando son miembros del Ejecutivo o Legislativo los acusados, no hay respuesta rápida ni contundente”, dijo Rocío Alfaro, jefa frenteamplista.
