El editorial de La Nación del 2 de diciembre, titulado “¿Dónde está doña Lineth?”, cuestiona la posición de la candidata y la de la fracción legislativa con respecto al convenio con el FMI y alude a los economistas socialcristianos. Nos vemos, por tanto, motivados a puntualizar nuestra visión y aclarar conceptos del editorial en el área de la macroeconomía.
Los economistas socialcristianos recomendamos acciones relevantes, como hacer avanzar la agenda negociada con el FMI y mantener los objetivos de equilibrio interno y externo, estabilidad, crecimiento y disminución de la deuda pública.
Por equilibrio interno entendemos que la economía opera cerca del pleno empleo; en la jerga moderna, con una brecha de producción, o la posición en la que se espera que la inflación permanezca baja y estable.
Por equilibrio externo nos referimos a que la economía tiene una posición exterior sostenible, es decir, flujos netos de comercio o de capital. Un déficit sostenible es uno que puede financiarse en términos asumibles indefinidamente.
Para mantener la vigencia, recomendamos aprobar la ley de empleo público tal cual, imperfecta, sin perjuicio de mejorarla posteriormente, y, llegado el momento, renegociar ciertos términos y condiciones para descansar más en reducción y contención de gastos que en nuevos tributos. Estas recomendaciones, con ciertas variantes, fueron aceptadas por la candidata y la mayoría de la fracción.
El objetivo fundamental del convenio con el FMI es restablecer el equilibrio fiscal para dar sostenibilidad a la deuda pública y sentar las bases para un renovado y sostenido crecimiento económico; también, disminuir el desempleo, la informalidad y la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Nosotros suscribimos plenamente esos objetivos.
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Algunas diferencias que mantenemos con el acuerdo suscrito por el presidente, Carlos Alvarado, es que no descansa suficientemente en la contención de gastos, no contempla una verdadera reforma estructural y no elimina el sesgo recesivo que tendría un incremento de impuestos.
En las difíciles circunstancias económicas actuales, elevar la carga tributaria por encima de lo que se hizo en el 2018 sería un error, pues aletargaría la recuperación, penalizaría la inversión, el consumo y el empleo, y sería un balde de agua fría al tantas veces ignorado sector empresarial.
La mayor diferencia que nos separa, sin embargo, es que él supone que solo hay una manera de alcanzar los objetivos de un convenio de facilidad ampliada, aunque existen diferentes instrumentos de política fiscal, monetaria y cambiaria, así como contenidos distintos de reforma estructural para lograr los mismos fines.
De hecho, hay muchos convenios en el mundo pactados con el FMI en términos y condiciones diferentes. Algunos de los más exitosos son los que privilegian la reducción de gastos sobre nuevos impuestos, pues cambian las expectativas de inversionistas y productores (nacionales y extranjeros), lo que permite a las economías recuperarse de forma robusta y sostenida, sobre todo, cuando se acompañan de reformas estructurales.
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Tanto el FMI como nosotros coincidimos en la urgente necesidad de restablecer el equilibrio macro, principalmente en la parte fiscal, para alejar el espectro de una nueva crisis, dar estabilidad a los precios y al tipo de cambio y permitir que los sectores productivos adopten decisiones de inversión y rentabilidad sobre bases certeras y estables. No queremos que sobre ellos pendan crecientes amenazas de nuevos impuestos como una espada de Damocles.
En ese contexto, recomendamos varias acciones para reducir gastos e incrementar ingresos del Estado, algunas de las cuales son sostener con firmeza la regla fiscal, sin desviaciones tendentes a debilitarla, como han hecho el PAC y el PLN, y proponemos elevarla a rango constitucional; congelar plazas vacantes; limitar los incrementos salariales conforme a esa regla y la reforma de la ley de empleo público; derogar la exoneración del salario escolar por razones de equidad y justicia tributaria; revisar exenciones, exoneraciones y exclusiones tributarias (excepto las que generan empleo y las de la canasta básica), que socavan las bases de la recaudación.
Para racionalizar el gasto público y disminuir el déficit fiscal, proponemos una amplia reforma del Estado, incluida la del ejercicio del poder político conjunto del presidente de la República y el ministro rector, mediante directrices sectoriales vinculantes para reorganizar cada sector del Estado al amparo de la Constitución y de la Ley General de la Administración Pública.
Ello con el fin de revisar la justificación, pertinencia y funciones de cada programa presupuestario, impulsar propuestas para disminuir el gasto injustificado según examen de partidas y subpartidas presupuestarias de cada entidad y coadyuvar al cumplimiento de la Ley 8220 para simplificar y disminuir regulaciones, trámites y tiempos de procesos que afectan a personas y empresas.
La acción más importante para lograr mayores ingresos sin subir la carga tributaria y reducir la deuda pública como porcentaje del PIB sería incrementar vigorosamente el crecimiento económico real a tasas iguales o superiores al 5 % anual, mediante la combinación de factores secuenciales, como generar mayor confianza para incrementar la inversión, el ahorro y el gasto del sector privado; impulsar un ambicioso programa de inversión pública; y promover una mayor apertura hacia el exterior, basada en el aumento de la productividad y la competitividad en los sectores de productos transables.
Parte esencial de nuestro planteamiento para estimular la inversión e incrementar la recaudación es reducir las tarifas del impuesto sobre la renta de las unidades productivas, doblemente castigadas con una tasa marginal del 30 % sobre la renta disponible y un 15 % adicional sobre los dividendos.
Las política monetaria y cambiaria actual también debe ser revisada para erradicar la sumisión del Banco Central al gobierno —caracterizada por una política muy laxa conducente a financiar el gasto público a través de bajas tasas de interés— y la oposición a reconocer tasas de interés negativas en términos reales que estimulan la salida de capitales y causan pérdida de reservas internacionales.
En resumen, se debe hacer un nuevo planteamiento estructural para abrir más la economía al comercio exterior, hacer más pequeño y eficiente el aparato estatal, renegociar la deuda externa y obtener recursos adicionales para enfrentar los altos vencimientos de los próximos tres años por una deuda irresponsablemente contraída por gobiernos anteriores, mientras surten plenos efectos nuestras propuestas.
Carlos Blanco, Jorge Guardia, Jorge Polinares, Edgar Robles, Norberto Zúñiga y Juan Carlos Hidalgo conforman el equipo económico de Lineth Saborío.
