EscucharEn distintas comparecencias, foros y documentos, la Contraloría General de la República (CGR) ha insistido en la necesidad de una visión integral y en la ejecución de una política sobre el régimen de empleo público, en la actualidad caracterizado por una diversidad de sistemas de remuneraciones con salarios desiguales e incentivos salariales de muy variada naturaleza.
Sobre este particular, el criterio externado por la Contraloría ante la Asamblea Legislativa sobre el Proyecto de Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público, expediente legislativo 19.506, es una manifestación más de esa naturaleza, realizada con estricto apego a las condiciones y variables establecidas en la iniciativa. A unos les satisfizo, a otros no, eso siempre será así dada la índole técnica de nuestros planteamientos.
Tal como lo manifesté ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, este proyecto no modifica el modelo de compensación vigente. Su alcance tanto institucional como en los incentivos que aborda es bastante limitado. Aun así, es una propuesta muy positiva dada su intención de uniformar y ordenar seis rubros de incentivos en el sector público.
En el afán por contribuir a la discusión, la CGR estimó el impacto del proyecto en el gasto en remuneraciones del Gobierno Central en un 0,05% del PIB, dado que los parámetros que propone son similares a los que se aplican actualmente en ese sector; mientras que en el sector descentralizado el impacto podría alcanzar el 1% del PIB, siendo la anualidad el incentivo que más ahorros podría generar.
Ambas estimaciones, que corresponderían a un impacto anual de la implementación completa de las condiciones del proyecto, las realizó la CGR con base en datos de la planilla 2015, que sirvió de modelo teórico a una potencial aplicación de las variables contempladas en el plan.
Habrá otras metodologías y estimaciones, mayores o menores, como algunos han manifestado pretendiendo demeritar nuestro criterio. Es un imperativo que esas nuevas estimaciones hubieran sido entregadas oportunamente tanto al Ejecutivo como al Legislativo para enriquecer la discusión, tal como lo hizo la CGR.
Lo cierto, en todo caso, es que en la búsqueda responsable y seria de una respuesta a este desafío nacional tal discusión luce irrelevante y no es de esta forma como se asegura la sostenibilidad o la equidad de nuestro régimen de empleo público y de las finanzas públicas.
Tema de fondo. En el verdadero tema de fondo, la coyuntura fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública se presentan como uno de los mayores retos pendientes y cuyas consecuencias tendrían un importante impacto social para nuestro país, a pesar de que se espera un mayor crecimiento económico en el 2017.
Persisten las vulnerabilidades y se agotan los espacios de acción favorables de periodos anteriores, como los niveles de inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo, entre otros.
En este contexto, el empleo público que no se limita solamente al tema de compensación sino que implica además el reclutamiento, selección, retención y evaluación del desempeño para tener el mejor recurso para la provisión de los servicios públicos, es determinante para el crecimiento económico y social del país.
La complejidad y asimetría de nuestro sistema de empleo público es profunda. Sumado a ello, el costo de la estructura salarial crece anualmente más allá de la inflación convirtiéndose en uno de los disparadores del gasto, lo que conduce a una situación en la cual tomar decisiones significativas no es sencillo ni a corto plazo, aunque sí es apremiante.
Pago con deuda. Las remuneraciones para todo el sector público se componen en un 40% por incentivos salariales, un 37% por remuneraciones básicas y el resto principalmente por las contribuciones sociales, siendo los primeros la parte que presenta mayores crecimientos en el período 2013-2015, a tasas superiores a las remuneraciones básicas, por lo que además de disparar el gasto en remuneraciones, los incentivos salariales constituyen el componente inercial de este crecimiento.
El presupuesto ordinario aprobado al Gobierno Central para el 2017 asciende a ¢8,9 billones, y de este un 89% se destinaría al pago de salarios, transferencias corrientes y deuda, en donde los gastos corrientes, incluida una parte de las remuneraciones, serán financiados con deuda.
Esto representa un preocupante 4,7% del PIB. De lo anterior se concluye la urgencia de concretar acciones para el fortalecimiento de la administración y recaudación tributarias y de la racionalización del gasto, entre estos el componente de remuneraciones.
Se trata de una discusión seria, de fondo, documentada la que urge al país, no cortinas de humo que evadan la toma de decisiones.
La coyuntura compleja, como lo es, hace notar que los intereses entran en conflicto con facilidad en momentos en que más bien deberíamos estar tomando decisiones que incidan positivamente en nuestro devenir y en el de las nuevas generaciones.
La autora es contralora general de la República.
