El auditor y el director general de riesgo del Banco Popular, Manuel Antonio González yMaurilio Aguilar Rojas, dos figuras clave para el control interno, firmaron un informe conjunto donde denuncian un “crítico escenario” en la entidad financiera. Según los altos funcionarios, el Banco sufre la pérdida de clientes, rezago informático, alta rotación de personal esencial, operación deficitaria en la mayoría de sus oficinas y resultados financieros apuntalados por factores “no recurrentes”, como la venta de inversiones y reversión de provisiones.
En el documento de 32 páginas, los funcionarios atribuyen las utilidades acumuladas en el primer cuatrimestre del 2023, estimadas en ¢7.308 millones, a “factores que no corresponden directamente con el negocio bancario”. De no ser por eso, afirman, el Banco habría tenido una pérdida de ¢10.449 millones en ese período.
Otros datos del informe explican esos resultados, pero, de ser correcto el cálculo, apuntaría, por sí solo, a la urgente necesidad de corregir el rumbo. El Banco Popular capta regularmente una enorme suma de recursos provenientes de los aportes de los trabajadores. A los obligados ahorrantes, les paga bajísimas tasas de interés. En esas condiciones, las pérdidas serían inexplicables.
La respuesta del Popular no despeja las dudas. El informe “sugiere que los resultados del Banco se sustentan en ganancias de capital, utilidades de las sociedades anónimas y reversión de provisiones, señalándolos además como coyunturales, siendo esto completamente alejado de la realidad. Dichas gestiones fueron resultado de una activa y diligente gestión financiera que consideró la coyuntura del entorno y las necesidades del Banco para mantener su estabilidad financiera”.
El argumento explica, desde la perspectiva de la administración, cómo se originaron los factores “no recurrentes” señalados por el informe, pero no niega su peso en los resultados ni la imposibilidad de transformarlos en ingresos recurrentes, por mucho que en esta oportunidad sean producto de “una activa y diligente gestión financiera”.
El auditor y el director general de riesgo dirigieron el informe a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para solicitarles “una valoración profunda, para dimensionar apropiadamente las consecuencias de este crítico escenario”. También, les piden gestionar las medidas de mitigación necesarias para evitar efectos graves “sobre la colectividad”.
No es mucho pedir. El peso del Banco Popular en el sistema financiero nacional es muy significativo, y si hay falencias, las soluciones no se deben posponer. El Banco acusa al documento de omiso, parcial e incorrecto, pero su lectura revela indicios suficientes para sustentar la petición de examen.
La inestabilidad del equipo gerencial es innegable. En los últimos cinco años, la institución tuvo seis gerentes generales, cinco subgerentes de negocios, cinco subgerentes de operaciones, siete directores de banca de personas y seis directores de banca empresarial. La Auditoría también ha señalado la falta de atestados de los integrantes de la Junta Directiva y su fragmentación.
En cualquier caso, conviene prestar atención cuando dos funcionarios de la talla de los firmantes escriben: “Una gestión con un alto sesgo a corto plazo —como la que está caracterizando hoy al Banco Popular— y marcadas fisuras en el gobierno corporativo compromete la sostenibilidad de la institución, más si la coyuntura económica ha permitido lanzar una ‘cortina de humo’ favoreciendo resultados financieros que no son sustentados en una transformación profunda de la organización”.
El peso del Banco Popular en el sistema financiero nacional es muy significativo. Si hay falencias, las soluciones no se deben posponer. (Albert Sanchez)
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