EscucharEn nada se beneficia el presidente Carlos Alvarado con el veto a la pretendida rebaja del marchamo del 2022, aprobada por 32 diputados el 21 de octubre. Está a seis meses de entregar el poder y puede llegar a la meta sin los ¢30.000 millones que habría costado la rebaja. Era cuestión de cruzarse de brazos y heredar el faltante a la próxima administración. En cambio, el veto será mal recibido por quienes no terminan de entender la gravedad de la crisis fiscal ni sospechan las consecuencias del manejo irresponsable.
Era obvia la oportunidad de jugar a la demagogia. También es evidente el flanco abierto al ataque de quienes la practican, pero el mandatario tuvo el valor de hacer lo correcto. Lo hizo, además, en el momento preciso para impedir un intento de resello. El Congreso solo podría pasar la ley por encima del veto si la Casa Presidencial incorporaba el proyecto a la agenda legislativa, porque las sesiones extraordinarias comenzaron el primero de noviembre y corresponde al Ejecutivo decidir el orden de la discusión.
En la Asamblea se le llamó inmaduro, caprichoso e insensible. Quien escucha a esos legisladores creería que Alvarado vetó la eliminación de la pobreza y el fin del hambre. En realidad se trata de una rebaja escalonada del impuesto sobre la propiedad de vehículos, uno de los componentes del marchamo. Beneficiaba a propietarios de autos valorados en ¢15 millones o menos y, quizá, a los diputados ansiosos de exhibirla como «logro».
Los más favorecidos ahorrarían ¢44.330 por el pago de su auto de ¢15 millones. Los propietarios de vehículos valorados en ¢9 millones pagarían ¢32.330 menos, es decir, el costo de un tanque de gasolina, y a los menos beneficiados, con autos de ¢1 millón, el ahorro de ¢16.780 apenas les alcanzaría para medio tanque. Esa es la sensibilidad legislativa en cuyo altar se pretendía sacrificar una suma significativa para las finanzas públicas y, sobre todo, de gran simbolismo en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo feliz término es indispensable para recuperar la confianza perdida de los mercados y aspirar a financiamientos más favorables.
Alvarado actuó con madurez porque puso el interés de la estabilidad fiscal por encima del caprichoso regalito populista. Actuó, también, con sensibilidad, porque la cuenta del descalabro fiscal la pagaremos todos, incluidos quienes no tienen ingresos suficientes para gozar siquiera de un modesto medio de transporte.
La misma valentía exhibió el expresidente Óscar Arias, quien no dudó en traspasar las barreras partidarias para apoyar el veto, no obstante el origen liberacionista del fallido proyecto. «Para quienes consideramos que no debemos caer en populismos y demagogias irresponsables, quiero decirles a los costarricenses que apoyo el veto a la rebaja del marchamo que aprobó nuestra Asamblea Legislativa», declaró con firmeza.
La sensibilidad frente a las necesidades de los sectores más necesitados urge en la Asamblea Legislativa y entre los candidatos presidenciales. Un descalabro fiscal puede sumir al país en una tragedia como la de principios de los años ochenta, y el alejamiento del despeñadero se mide por el avance de los compromisos adquiridos con el FMI.
Esa agenda está en peligro precisamente por la insensibilidad e inmadurez de los diputados y por los caprichos de la política electoral. El Congreso maniobró una y otra vez para evitar la discusión de los proyectos, temeroso de aprobar medidas impopulares a pocos meses de las elecciones, y desaprovechó la oportunidad de hacer enmiendas necesarias.
Ahora, por imposición reglamentaria, deben dictaminarlos tal como están y elevarlos al plenario sin fraguar acuerdos previos, necesarios para facilitar su aprobación. A partir de ahí, la aprobación es posible, pero el camino, complicado.
