Las muertes de los costarricenses Randall Gamboa Esquivel y Carlos Josué Marchena Marchena mostraron el riesgo de que el Gobierno de Costa Rica llegue tarde a proteger a los compatriotas que están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Gamboa, de 52 años, murió mes y medio después de regresar al país en un vuelo ambulancia costeado por Estados Unidos. El que una vez fue un hombre robusto, de 1,77 metros, volvió con un peso cercano a 50 kilos, sin poder caminar, hablar ni alimentarse por sí mismo y con una sonda conectada al estómago. Marchena, de 36 años, murió bajo custodia el 18 de setiembre, pese a que un juez había ordenado su expulsión desde julio.
Ahora sabemos, porque La Nación lo reveló este martes, que al 5 de agosto, otros 67 costarricenses permanecían bajo custodia del ICE. Ese hallazgo obliga al gobierno de la presidenta Laura Fernández a actuar antes de que una enfermedad, la incomunicación o una detención prolongada desemboquen en otra tragedia.
La urgencia tiene sustento: una investigación del diario San Francisco Chronicle, publicada en junio, examinó 48 muertes de personas en arresto del ICE entre enero de 2025 y abril de este año. Según los médicos independientes consultados por el diario, en al menos 17 casos, una atención oportuna les habría permitido sobrevivir.
La Cancillería, mediante la Embajada de Costa Rica en Washington y los consulados, debe establecer la identidad y ubicación de cada costarricense, conocer su estado de salud, determinar si tiene abogado y mantener comunicación con su familia. Urge atender los casos extremos, pues uno de los 67 acumulaba 765 días detenido, es decir, poco más de dos años; otros tres superaban un año, ocho excedían los seis meses y 11 llevaban más de 90 días.
Tampoco cabe presentar a todos como delincuentes. Solo 14 de los 67 (el 21%) aparecían con una condena; 21 afrontaban cargos pendientes –lo que no significa necesariamente que serán condenados–, y 32 registraban infracciones migratorias. Pero debe quedar claro que los antecedentes penales o la irregularidad migratoria no anulan los derechos a la salud, el debido proceso, la asistencia consular y la dignidad.
La Nación confirmó que eran 67 los costarricenses retenidos por ICE a agosto anterior gracias al Deportation Data Project, una iniciativa de investigadores de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles. Esta base de datos aporta cifras e identificadores anónimos, no los nombres de las personas, dato necesario para darles asistencia.
Entonces, nuestro gobierno debe construir su propio registro. Si no lo tiene, debe hacer valer un acuerdo con el Departamento de Estado que incluye a Costa Rica entre los países sujetos a notificación consular obligatoria cuando un nacional es arrestado o detenido.
Como mínimo, Costa Rica debe ofrecer a sus nacionales los servicios que Estados Unidos anuncia para los suyos detenidos aquí. Su embajada en San José asegura que un funcionario consular los visita tan pronto como es posible y mantiene visitas periódicas. También facilita listas de abogados, contacta a la familia con autorización del detenido, procura que reciba atención médica y le explica el proceso judicial. No paga la defensa ni puede liberar al detenido, pero tampoco lo abandona.
México ofrece otra referencia. En 2025, reportó 9.617 visitas a centros de detención y 17.597 asesoramientos legales, además de una línea de auxilio, abogados externos y protocolos hospitalarios. Esas cifras oficiales también prueban que la actuación consular puede medirse y publicarse.
Las deficiencias en el seguimiento a los ticos detenidos tienen rostros. Gamboa perdió contacto con su familia, que debió pagar $10.000 a abogados para localizarlo. Lo encontraron en un hospital. “Lo encontré vivo, pero apenas. Está muy mal”, les comunicó una abogada.
Marchena padecía diabetes; sus familiares denunciaron retrasos en la ingesta de medicamentos y alimentación, desmayos, aislamiento y atención insuficiente; ellos también reunieron $15.000 para pagar abogados.
Y el problema continúa. Entre los 67 detenidos, figura Oyner Gerardo Vargas Morales, de 33 años, quien lleva casi tres meses recluido y ya firmó su salida voluntaria. Su hermana Erika denunció que teme por su vida, pues sufre de depresión, pérdida de apetito, una infección y la imposibilidad familiar de pagar un abogado. Hizo público el caso para pedir a la Cancillería que intervenga y procure su retorno.
Detrás de estos expedientes, hay decenas de madres, padres, cónyuges e hijos que llevan meses sin saber cuándo volverán a ver a sus seres queridos. Muchos viajaron a Estados Unidos en busca de trabajo y de oportunidades que no encontraron en Costa Rica, pero el “sueño americano” terminó convertido en una pesadilla.
Por ellos y por sus familias, la solidaridad del gobierno debe traducirse en visitas consulares, seguimiento de la salud, orientación jurídica y gestiones oportunas. Las muertes de Gamboa y Marchena ya mostraron el costo de llegar tarde. Si otro costarricense pierde la vida, no podrá atribuirse a desconocimiento, sino al incumplimiento de protegerlo cuando aún había tiempo.