La Revista Dominical de La Nación retrató la vida de la comunidad costarricense en Nueva Jersey y Nueva York, en la llamada “octava provincia”, por densidad de ticos. El reportaje recoge los testimonios de algunos de los 43.686 electores costarricenses inscritos en Estados Unidos, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Se documentan en esas páginas tres décadas de migración desde zonas como Pérez Zeledón y Los Santos, detonadas por el deterioro del modelo agropecuario, y se retrata un presente marcado por el endurecimiento migratorio en Estados Unidos, con rifas comunitarias para ayudar a costear gastos de retorno de compatriotas detenidos, grupos de WhatsApp que alertan sobre operativos y el testimonio de quienes, tras 16 años en el país, aseguran no haber visto “una persecución tan grande contra los migrantes”.
Dos historias del reportaje merecen leerse juntas. Sulin Barboza llegó en el 2019 con visa estadounidense, tramitada de forma legal para ella y sus tres hijos. Hoy es propietaria de Tierra Mía, un restaurante que da empleo y sirve de punto de encuentro para la comunidad tica. Por su parte, Karen Zamora salió de Grecia en 1990, también como madre soltera, y 36 años después continúa sin hablar inglés, dedicada a la limpieza de casas, con una vida construida al margen de la formalidad migratoria. Ambas comparten origen, ética de trabajo y determinación. Lo que las diferencia no es su empeño en prosperar: es un papel.
Ese detalle es el dato más importante. La migración ordenada produce movilidad, emprendimiento, empleo e integración; la irregular produce, en el mejor de los casos, subsistencia, y, en el peor, el miedo que describe Ericka Ugalde, quien goza de residencia regular y aun así advierte de que hoy “no le recomendaría a nadie iniciar su sueño americano como migrante irregular”.
Un costarricense conocido en redes sociales como Erick Tico News, otro compatriota migrante que organizó por años festivales para la diáspora, decidió suspenderlos este año por el riesgo migratorio. La comunidad que antes se reunía para celebrar la Independencia ahora se organiza, según el reportaje, para costear pasajes de deportación y compartir la ubicación de los operativos.
Ese endurecimiento migratorio es prerrogativa soberana de Estados Unidos, y no corresponde juzgar aquí la política migratoria de otro país. Lo que sí amerita señalarse es la negligencia propia. Costa Rica lleva cuatro décadas exportando población de sus zonas cafetaleras sin una política migratoria bilateral seria, capaz de ampliar los canales legales que sí funcionaron para Sulin Barboza. La irregularidad de miles de compatriotas no es un accidente individual, sino, en gran medida, la consecuencia previsible de que el Estado nunca construyó una ruta ordenada para quienes, por el propio modelo económico del país, fueron expulsados del campo.
Conviene recordar el origen de esta diáspora tica. La “octava provincia” no nació en la costa, que concentra los peores indicadores sociales del país, sino en la montaña cafetalera de Los Santos y Pérez Zeledón, cuya emigración masiva está ligada al colapso de la caficultura como sostén de vida. Tres décadas de cadenas migratorias construyeron ahí un capital social compuesto de contactos, redes familiares, visas heredadas entre parientes... Dicho capital nunca pudo ser acumulado de la misma forma por las empobrecidas zonas costeras, más aisladas. El resultado es una diáspora que reproduce, en suelo estadounidense, la misma desigualdad regional que el país jamás resolvió puertas adentro, donde no emigra el más pobre, sino el que tuvo la red para intentarlo.
Frente a ese cuadro, la nostalgia de la “octava provincia” con banderas ticas en los jardines, los festivales patrios y el “pura vida” en el búmper resulta insuficiente como relato nacional. Es una épica de sobremesa que omite lo esencial: cuántos compatriotas viven, en palabras de Ugalde, “como si estuvieran en plena pandemia”, administrando el riesgo de una redada en vez de construir futuro. El sueño americano, para buena parte de esa comunidad, dejó de ser una aspiración para derivar en gestión diaria del miedo a la deportación.
Cerrar fronteras no resuelve nada, pero tampoco lo hace la ilusión de que cruzarlas sin papeles sea la alternativa razonable. La evidencia del propio reportaje es clara: quienes migraron con visa prosperaron; quienes lo hicieron sin ella sobreviven con miedo, aunque lleven media vida trabajando honradamente. Ignorar esa diferencia es condenar a la próxima generación de emigrantes a repetir la misma lotería. Costa Rica tiene aún la oportunidad de convertir la migración en política de Estado, y no dejarla como asunto de suerte individual y colecta comunitaria. ¿Tendremos la capacidad de afrontarlo antes de que la próxima crisis termine produciendo una novena provincia?