Esta elección, responsabilidad de los 22 magistrados integrantes de la Corte Plena, siempre ha tenido gran importancia. Se trata de decidir quién asumirá el timón de uno de los tres poderes de la República, con tareas indispensables para el funcionamiento de nuestra democracia y la convivencia entre quienes habitamos Costa Rica.
En la coyuntura actual, su trascendencia se acrecienta exponencialmente. Por un lado, el Poder Judicial acusa debilidades y retos internos que merecen atención pronta, estratégica e integral; por otro, enfrenta una feroz arremetida en su contra, sin precedentes en nuestro país. Está encabezada desde el Poder Ejecutivo, articulada desde el Legislativo por la mayoría oficialista y amplificada mediante una campaña mediática destinada a erosionar la confianza de los ciudadanos en su labor. Este es el desafío más serio para su integridad y buen desempeño.
Desprestigio y debilitamiento, vía retórica destructiva y recortes presupuestarios extremos con dudosa legalidad, son el propósito inmediato. El definitivo, sin embargo, es controlar su estructura, como parte de un proyecto político hegemónico. De tener éxito, implicaría un golpe letal para la vida democrática y el diseño constitucional del Estado costarricense. Todos perderíamos.
Las evidencias de esta estrategia son abundantes. Incluyen, entre muchas, la velada amenaza de su cierre por parte del doble ministro Rodrigo Chaves; los sistemáticos ataques a magistrados, el fiscal general y el OIJ; los intentos por paralizar la Sala Constitucional mediante la negativa legislativa a seleccionar integrantes sustitutos, y la temeraria declaración de “golpe de Estado judicial”, por parte de la presidenta Laura Fernández, cuando la Sala prolongó el nombramiento de los anteriores.
También han sido reiteradas las infundadas denuncias, tanto de la mandataria como de Chaves, su predecesor y mentor, sobre presunta “debilidad” de los jueces. Han llegado al extremo de culparlos por el incremento de la inseguridad, una responsabilidad directa del Ejecutivo. Además, han prestado escasa o nula atención a las propuestas judiciales para agilizar la administración de justicia. Entre ellas está la reforma al Código Procesal Penal para agilizar los juicios y reducir la mora judicial.
A todos estos aspectos se suman las maniobras presupuestarias en su contra, para afectar seriamente su funcionamiento y para incidir en su autonomía de gobierno. De ahí las disposiciones del Ministerio de Hacienda, carentes de fundamento legal alguno, sobre qué programas, instancias o tareas serán afectados, y en qué medida. Incluso, según el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, el desembolso de ¢30.000 millones quedaría condicionado a informes de labores a la Asamblea Legislativa.
En estas circunstancias, quien ocupe su presidencia no solo deberá contar con sólidos conocimientos, experiencia, rigor, visión, credibilidad y capacidad de liderazgo. Más importante aún serán su independencia de criterio y acción; su fortaleza de carácter, capacidad comunicativa y firmeza para enfrentar y rechazar los intentos de coacción o control que emanen de sectores externos.
La importancia del Poder Judicial es enorme. Le corresponde, esencialmente, administrar e impartir justicia y resolver conflictos, velar por los derechos ciudadanos, realizar controles de constitucionalidad, e investigar y –eventualmente– castigar los delitos. Además, la Corte Plena, como órgano supremo, también debe designar los cargos más altos del Ministerio Público, la dirección y subdirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los 22 magistrados de Corte Plena serán los encargados de decidir quién asumirá su timón en medio de las agitadas y peligrosas aguas actuales. Confiamos en que valoren con gran seriedad los atestados, experiencia, capacidad y temple de las personas candidatas. Su responsabilidad no solo es con el Poder Judicial, sino con la plena división de poderes y, por ello, con la salud democrática de Costa Rica.
