A sus 83 años y después de más de seis décadas vinculado al Poder Judicial, Orlando Aguirre anunció que no buscará la reelección a la presidencia de la Corte Suprema tras una gestión marcada por uno de los periodos de mayor tensión entre los poderes Judicial y Ejecutivo.
Mientras estuvo al frente de la Corte, Aguirre enfrentó presiones políticas que incluso llegaron a expresarse mediante una campaña de vallas publicitarias que exigían su salida del cargo. Sin embargo, aseguró que nunca consideró renunciar por esa razón.
“Sinceramente le digo que no. No he sentido miedo. Porque esa es la palabra que se ha utilizado en algún momento”, afirmó en una entrevista con La Nación realizada el 7 de agosto. “Más bien sentí, en ese momento, mi deber de seguir al frente en defensa de la institucionalidad del país, que es lo que consideré en ese momento estaba en juego”.
Inédito conflicto entre poderes
La presidencia de Aguirre ha estado marcada por una de las relaciones más conflictivas entre los poderes Judicial y Ejecutivo, tanto durante el gobierno de Rodrigo Chaves como en la actual administración de la mandataria Laura Fernández.
Así lo reconoce el propio magistrado, quien acumula 62 años de trayectoria en el Poder Judicial. Consultado sobre si recuerda algún contexto similar al actual, marcado por preocupaciones de distintos sectores sobre actuaciones del Poder Ejecutivo y de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que, según esos cuestionamientos, pondrían en riesgo la independencia judicial, Aguirre respondió que no.
“Me parece que ha sido el único (momento) que me ha tocado a mí vivir y me parece que la situación pues requiere que todas las partes entremos en una condición especial de sosiego”, añadió.
Rechazo a “tomar” el Poder Judicial
El jerarca judicial destacó la necesidad de un “diálogo sincero” que permita abordar los principales problemas que enfrenta el país, entre ellos, la inseguridad y la presencia del crimen organizado.
Sin embargo, fue claro en oponerse a “manifestaciones expresas” sobre tomar el Poder Judicial. En ese sentido se había pronunciado Rodrigo Chaves poco antes de abandonar la presidencia de la República, cuando dijo que ya habían recuperado los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que “obviamente nos falta el Poder Judicial”.
Chaves cerró esa idea con la siguiente manifestación: “Juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”. Chaves se desempeña actualmente como ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Sin referirse directamente a Chaves, el presidente del Poder Judicial indicó que tomar el Poder Judicial significa “manejarlo, gobernarlo, tomar las decisiones de forma distinta a lo que hemos definido como independencia judicial”.
La importancia de la independencia judicial
Para Aguirre, la independencia judicial no constituye un privilegio de los jueces ni de quienes trabajan en el Poder Judicial, sino una garantía para que los ciudadanos puedan confiar en las decisiones de los tribunales.
“La independencia judicial es la condición esencial para que pueda existir un sistema democrático”, sostuvo.
Según explicó, esa condición permite que los jueces resuelvan los conflictos conforme a la Constitución y las leyes y que no reciban presiones o instrucciones de otras personas o instituciones.
A su juicio, cuando ese principio se quiebra, las decisiones judiciales dejan de depender exclusivamente del criterio de los jueces y pueden quedar sujetas a instrucciones provenientes de otras instancias. Esa discusión, afirma, también tiene relación con las condiciones materiales con las que cuenta el Poder Judicial para funcionar.
Aguirre reconoció las restricciones fiscales que enfrenta el país y señaló que el Poder Judicial ha tenido que ajustarse durante años a presupuestos limitados. Afirmó que los presupuestos han permanecido prácticamente congelados durante los últimos cinco o seis años y que los salarios de los funcionarios públicos también se han mantenido contenidos.
“Siempre hemos aceptado el marco que se nos da para acomodar nuestros gastos y, por supuesto, hemos venido reduciendo muchos servicios”, explicó.
Cuando los recortes atentan contra la independencia judicial
Sin embargo, estableció una diferencia entre un recorte presupuestario y una reducción que termine afectando directamente la capacidad de la institución para cumplir sus funciones y, por ende, su independencia judicial.
“Un recorte en sí mismo no lo podemos considerar como una limitante para la independencia judicial”, afirmó.
El problema, según Aguirre, aparece cuando las reducciones afectan recursos destinados a investigaciones contra el crimen organizado, programas en ejecución o gastos operativos necesarios para el funcionamiento cotidiano. Mencionó entre estos últimos los recursos para viáticos, combustibles y la adquisición de bienes y servicios.
También señaló que algunas reducciones han impedido mantener programas específicos, como uno destinado a atender la mora en procesos por delitos sexuales mediante equipos integrados por jueces, fiscales, defensores y personal técnico.
“Cuando se nos cierran esos conductos, obviamente que se nos está impidiendo ejercer nuestras funciones de manera eficiente”, advirtió.
Por eso manifestó que determinadas decisiones presupuestarias sí pueden terminar incidiendo en la independencia judicial, no porque el recorte en sí mismo la elimine, sino porque puede limitar la capacidad de los tribunales y de las instituciones que participan en la administración de justicia.
El desafío de enfrentar al crimen organizado
El avance del crimen organizado es otro de los asuntos que preocupan al presidente de la Corte. Aguirre sostiene que el Poder Judicial necesita ser fortalecido para enfrentar esa amenaza y considera necesario que las instituciones encargadas de combatirla trabajen de manera coordinada.
Como ejemplo de las limitaciones presupuestarias, mencionó que funcionarios judiciales participan en algunos operativos sin contar con cascos antibalas debido a la falta de recursos para adquirirlos.
“Y si a eso agregamos algunas otras decisiones o actitudes que entorpecen, eso nos coloca en una posición débil frente al crimen organizado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen limitaciones fiscales, no están peleándose entre ellos para actuar, sino que más bien actúan organizadamente y con todos los recursos que pueden adquirir, incluso recursos tecnológicos, para poder realizar su trabajo y eludir nuestras acciones”, explicó.
Por esa razón, considera que una eventual confrontación entre instituciones estatales termina favoreciendo a las organizaciones criminales. “En una situación como la que vive Costa Rica en este momento, lo importante sería que los tres poderes nos uniéramos para trabajar en esa labor de contención”, planteó.
Para Aguirre, lo correcto en el contexto actual es procurar potenciar y fortalecer al Poder Judicial, así como “darle el músculo necesario para que esa actividad de contención del delito, esa actividad de represión en general sea cada vez más eficaz”, subrayó.