El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, anunció la tarde de este miércoles que no buscará la reelección en ese cargo.
Aguirre confirmó que continuará como magistrado de la Sala Segunda, encargada de la materia laboral y familia. Su periodo actual concluye en 2029, tras haber arribado en 1989.
“Me correspondió presidir la Corte en un tiempo exigente en el que el Poder Judicial tuvo que aprender a explicarse ante la sociedad y a defender con claridad el lugar que la Constitución le asigna. Estos años me enseñaron que la independencia judicial y el régimen democrático nunca pueden darse por sentados”, dijo el magistrado presidente.
Aguirre reconoció retos para el Poder Judicial para los próximos años: “Tendrá que ser más célere, más cercano, más comprensible y más abierto. Tendrá que aprovechar responsablemente nuevas tecnologías e incluso la ciencia de procesos y encontrar nuevas formas de servir a una sociedad que cambia”, dijo.
En su discurso, Aguirre reiteró la defensa de la independencia judicial y señaló que esta, junto con la imparcialidad, el debido proceso y la capacidad de hacer valer la Constitución y la ley, constituyen un conjunto de principios inseparables para el Poder Judicial en cualquier época.
Aguirre comunicó esta tarde su decisión debido a que la Circular 88-2017 establece que quien ocupe la presidencia debe comunicar un mes antes del vencimiento de su nombramiento si pretende buscar la reelección. En el caso de Aguirre, ese plazo vencía este miércoles 26 de agosto.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cargo de presidente de la Corte es por un periodo de cuatro años.
El desistimiento de Aguirre se da en medio de una tensión cada vez más elevada con el Poder Ejecutivo. El gobierno ha promovido una y otra vez recortes al presupuesto judicial, mientras ese poder denuncia graves afectaciones.
En el más reciente, el Ministerio de Hacienda planteó una nueva rebaja de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial de este 2026.
La reducción alcanzaría recursos destinados al combate contra la delincuencia, la persecución penal y la atención de personas en condición de vulnerabilidad. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentraría el mayor recorte, con ¢9.536 millones.
¿Cómo se elige al presidente de la Corte Suprema?
Las reglas base para nombrar al presidente judicial fueron aprobadas por Corte Plena mediante la Circular 88-2017. Se establecen una serie de pasos que deben cumplirse antes de llegar a la votación.
- Convocatoria
- Periodo de inscripción de candidaturas
- Comunicación pública de los nombres de quienes aspiran
- Debate público
- Rondas de votación
Una vez que se abra formalmente el proceso, se inicia un periodo de 15 días para la inscripción de candidaturas. Las postulaciones deben presentarse ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando concluya ese plazo, la Secretaría General, por medio del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, debe emitir un comunicado para informar a la ciudadanía los nombres de las personas que se postularon.
Después del cierre de la inscripción, debe realizarse un debate público dentro de los 15 días siguientes. En esa actividad, las personas postulantes deberán exponer sus ideas y propuestas sobre una eventual gestión institucional al frente de la Corte Suprema de Justicia.
El nombramiento está a cargo de la Corte Plena. En la primera sesión se podrían efectuar cinco votaciones. Si resultan infructuosas, se debe convocar una segunda ronda de votación una semana después.
El puesto se alcanza con la mitad más uno de los magistrados presentes.
Durante esa semana, o incluso el mismo día establecido para la segunda ronda, pueden presentarse nuevas candidaturas.
Las personas que participaron en el debate de la primera ronda no están obligadas a volver a participar en otro debate para la segunda convocatoria.
Si tampoco se logra la elección en esa segunda ronda, Corte Plena deberá convocar una tercera ronda dentro de la semana siguiente, nuevamente bajo las reglas de debate y votación. El procedimiento continúa de esa manera hasta que se consiga elegir a la persona que ocupará la presidencia.
La normativa no establece un número máximo de convocatorias. Esto significa que, si la Corte Plena no consigue reunir los votos necesarios, el proceso puede extenderse mediante nuevas sesiones sucesivas.
La experiencia del 2022 muestra que una elección puede prolongarse. En aquella ocasión, la Corte Plena necesitó 19 rondas de votación distribuidas en cinco sesiones antes de elegir a Aguirre como presidente.
Sin embargo, a diferencia de ese momento, la próxima elección será la primera vez en la historia en que el voto de los magistrados será público.
La modificación fue introducida por una reforma legal en noviembre del 2022. Si bien ese proceso ya se aplicó para llenar la vicepresidencia, aún no para la presidencia.
El proceso es presidido por la Vicepresidencia de la Corte, salvo que también busque presidir el órgano. En ese caso recae en la magistratura que tenga mayor tiempo de servicio titular en la Corte.
Si existe igualdad en el tiempo de servicio titular, la sesión será presidida por quien tenga el título más antiguo en el catálogo del Colegio de Abogados. Actualmente, la vicepresidenta es la magistrada Damaris Vargas.