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El Ministerio de Hacienda planteó una nueva rebaja de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial de este 2026. La reducción alcanzaría recursos destinados al combate contra la delincuencia, la persecución penal y la atención de personas en condición de vulnerabilidad. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentraría el mayor recorte, con ¢9.536 millones.
Hacienda planteó la medida para el Poder Judicial mediante un presupuesto extraordinario, que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. La propuesta contempla reducir partidas aprobadas para la operación institucional durante lo que resta del año en curso.
El anuncio ocurrió una semana después de que Hacienda informó de que liberaría ¢3.053 millones correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026. Esos recursos estaban sujetos inicialmente a una retención.
La institución aclaró que los ¢23.722 millones del nuevo recorte son adicionales.
OIJ asumiría el mayor recorte
Según el Poder Judicial, el recorte al OIJ se produce en momentos en que la Policía Judicial desarrolla investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada.
El segundo monto más alto corresponde al rubro de administración y operación, con ¢8.728 millones, mientras que los juzgados y tribunales perderían ¢3.287 millones.
En tanto, la Defensa Pública tendría una reducción de ¢1.087 millones. Este servicio atiende, entre otros asuntos, casos relacionados con pensiones alimentarias y discriminación laboral de personas de bajos recursos.
El Ministerio Público registraría una rebaja de ¢558 millones. El programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos perdería ¢335 millones y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones tendría una disminución de ¢187 millones.
Poder Judicial cuestiona cálculo utilizado por Hacienda
Hacienda planteó el recorte a partir de una estimación estadística con información disponible al 30 de junio de 2026 y patrones históricos de ejecución presupuestaria, según explicó el Poder Judicial.
La institución judicial argumentó que esa metodología permite estimar cuánto dinero podría ejecutarse al cierre del año, pero no establece cuánto está realmente disponible para aplicar una reducción.
Después del 30 de junio, continuaron procesos de contratación, adjudicaciones, compras de bienes y servicios, además de otros compromisos correspondientes al segundo semestre de 2026, indicó el Poder Judicial.
Un estudio técnico de la institución concluyó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tienen un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Según ese análisis, en esas partidas el dinero considerado por Hacienda como susceptible de reducción no estaría disponible en la magnitud proyectada.
El Poder Judicial informó de que evaluará las acciones legales correspondientes. La Corte Plena conocerá el asunto con prioridad en la sesión del lunes 24 de agosto.
Recorte se sumaría a ¢13.242 millones cedidos en junio
La Corte Plena acordó el 29 de junio ceder ¢13.242,08 millones del presupuesto en ejecución de 2026. La decisión respondió a una solicitud de Hacienda y se planteó como una contribución a la sostenibilidad fiscal del país.
Ese monto no forma parte de los ¢23.722 millones incluidos en la nueva propuesta. Por tanto, según la explicación del Poder Judicial, se trata de reducciones distintas.
La institución también aclaró que el fideicomiso destinado a infraestructura judicial asciende a $82 millones y no tiene relación con su presupuesto ordinario. Los recursos se destinan a proyectos de infraestructura y a reducir progresivamente gastos por alquileres.
Asimismo, precisó que los depósitos judiciales no pertenecen al Poder Judicial. Son recursos de las personas usuarias asociados a procesos judiciales, embargos, retenciones y pensiones alimentarias, entre otros conceptos.
El Poder Judicial señaló que estos fondos no pueden utilizarse para financiar su funcionamiento ni destinarse a otros propósitos institucionales.
La institución recordó además que la Constitución Política establece una asignación no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado para el Poder Judicial. Según sus datos, la función jurisdiccional, correspondiente a juzgados y tribunales, recibe actualmente el equivalente al 3,61% de esos ingresos.
