El Ministerio de Hacienda estableció que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumiera la mayor proporción del peso del recorte adicional de ¢23.721,8 millones impuesto al Poder Judicial para 2026, pese a que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, y el diputado oficialista José Miguel Villalobos sostuvieron esta semana que correspondía a la Corte Suprema de Justicia decidir, de manera autónoma, de dónde sacar los recursos.
Del monto definido por Hacienda, ¢9.536,3 millones corresponden al OIJ, equivalentes al 40,2% de toda la rebaja. El resto se distribuye entre otros programas y partidas del Poder Judicial.
Hacienda decidió qué partidas recortar
La distribución consta en el oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, suscrito por Rodrigo Chaves, en su condición de ministro de Hacienda. Mediante ese documento, el Poder Ejecutivo impuso al Poder Judicial un denominado “ajuste técnico complementario” por ¢23.721.780.305.
El Ministerio utilizó un modelo estadístico propio, elaborado a partir de datos de ejecución presupuestaria del periodo 2006-2025, para determinar lo que denominó la “holgura” presupuestaria o recursos que, según sus cálculos, la institución no llegaría a devengar.
Para establecer la rebaja, Hacienda examinó 544 líneas presupuestarias y aplicó reducciones en 362 líneas específicas, correspondientes a 85 subpartidas. Es decir, el Ministerio no solamente identificó cuánto debía reducirse el presupuesto del Poder Judicial, sino también en cuáles partidas, subpartidas y programas debía materializarse el ajuste.
El desglose aparece en el apartado V.8 del oficio y en su Anexo Único. Allí se establece que la mayor proporción de la rebaja recae sobre el Programa 928, correspondiente al Organismo de Investigación Judicial, al cual se le asignó una reducción de ¢9.536,3 millones.
El propio anexo precisa que esa disminución representa el 40,2% del total del ajuste técnico complementario. El segundo componente de mayor peso corresponde a Dirección y Administración, con un 36,8%, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre los demás programas del Poder Judicial.
Por tanto, la rebaja al OIJ aparece incorporada en el acto administrativo emitido por el Ministerio.
Campos y Villalobos atribuyen la decisión a la Corte
El pasado 24 de agosto, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, afirmó durante una conferencia de prensa en Cartago que la Corte Suprema “tiene la potestad de decidir de dónde toma el dinero” y sostuvo que si los recursos se recortan del área de investigación, la responsabilidad corresponde al propio Poder Judicial.
“Yo que vengo del Poder Judicial, conozco que la Corte tiene la potestad de decidir de dónde toma el dinero”, indicó Campos.
Agregó que “si la Corte lo quiere sacar del área de investigación o del área judicial, es responsabilidad de la Corte”, pues, según dijo, la institución tiene otras fuentes de las cuales obtener los recursos sin justificar que el recorte vaya a afectar los procesos.
Dos días después, el diputado oficialista José Miguel Villalobos defendió una posición similar durante la sesión del plenario legislativo.
“No es el Ejecutivo el que le está diciendo rebaje de OIJ o rebaje de la Defensa Pública. Eso es una farsa del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo le está diciendo: rebaje el monto que deben rebajar autónomamente ustedes y, si no lo logran hacer, lo rebajará la Asamblea Legislativa”, manifestó.
Sin embargo, el oficio mediante el cual Hacienda comunicó al Poder Judicial sobre el ajuste muestra que el Ministerio no se limitó a fijar una cifra global. El documento contiene una metodología para determinar cuánto debía recortarse y una distribución epecífica de las partidas que debían absorber la rebaja.
Criterio de Hacienda dejó al OIJ entre los más afectados
La metodología utilizada por Hacienda estableció como prioridad recortar recursos considerados de gasto de capital —como bienes de equipo e infraestructura— y de bienes y servicios, antes de afectar otros rubros como remuneraciones.
De acuerdo con el documento, Hacienda aplicó la reducción a la denominada “holgura” detectada en esas partidas y, en conjunto, el 88,9% del recorte provino de bienes de capital y bienes y servicios.
Ese criterio tuvo un impacto particularmente fuerte sobre el OIJ debido a la naturaleza de sus funciones. El organismo requiere recursos para vehículos, tecnología, equipos especializados, laboratorios forenses, mantenimiento e infraestructura, rubros que precisamente se encuentran entre aquellos sobre los que Hacienda aplicó con mayor intensidad su metodología de reducción.
La decisión fue cuestionada por Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, quien presentó el 24 de agosto un recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar contra el ajuste ordenado por Hacienda.
En el recurso, Aguirre sostiene que el acto administrativo incurre en una “desviación de poder” y en una violación del principio de legalidad, al considerar que el mecanismo utilizado para determinar el recorte desconoce la naturaleza de las funciones del OIJ y el interés público relacionado con la seguridad.
El jerarca cuestiona particularmente que Hacienda haya utilizado la denominada “holgura” o “inejecución presupuestaria” como parámetro para determinar cuánto podía reducirse al organismo.
Según el argumento de la Corte, el OIJ no administra sus recursos de manera lineal, pues debe atender emergencias, investigaciones de larga duración y necesidades de laboratorios forenses que no necesariamente se reflejan en patrones estadísticos de ejecución presupuestaria.
Aguirre sostiene, además, que la aplicación de la denominada “cascada de prioridades” definida por Hacienda impacta directamente áreas sensibles del OIJ, como peritajes forenses, equipos de análisis criminal y operativos de campo.
“Al privar al OIJ de recursos que el Ejecutivo denomina ‘holgura’ pero que en la realidad técnica son recursos necesarios para la continuidad del servicio de justicia penal, el Ministerio de Hacienda está socavando la capacidad estatal de persecución penal”, señala el recurso.
56 subpartidas no tendrían recursos suficientes para absorber el recorte
La Corte también cuestionó la correspondencia entre los montos que Hacienda ordenó rebajar y los recursos realmente disponibles en las partidas seleccionadas.
Según Aguirre, 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tenían un disponible inferior al monto que el Ministerio pretendía recortar. En conjunto, esas partidas presentarían una insuficiencia aproximada de ¢17.258,2 millones.
Entre los ejemplos citados en el recurso está la partida de edificios, a la que Hacienda pretende aplicar una rebaja de ¢7.965,3 millones, pese a que tendría únicamente ¢12,7 millones disponibles.
En alquileres, la reducción planteada es de ¢2.099,6 millones, aunque el disponible sería de ¢98,5 millones. En bienes de capital, Hacienda plantea reducir ¢12.333,5 millones, frente a un disponible de ¢1.034,1 millones.