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La presidenta de la República, Laura Fernández, podría ser quien defina el conflicto entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda por el recorte de ¢23.722 millones ordenado por el ministro Rodrigo Chaves al presupuesto judicial para lo que resta de 2026.
Orlando Aguirre Gómez, presidente del Poder Judicial, presentó el 24 de agosto un recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar contra la orden de recorte emitida por Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Aguirre advirtió que si Hacienda mantiene su decisión, dará por planteado ante Fernández el conflicto previsto en el artículo 177 de la Constitución Política que establece que cuando exista un conflicto en esta materia, la decisión final recae en la cabeza del Poder Ejecutivo.
“En caso de mantener la discrepancia con las consideraciones hechas en el presente recurso, téngase por presentado el conflicto establecido en el artículo 177 de la Constitución Política ante la señora Presidente de la República”, señala el documento.
Recurso habla de imposición e inconstitucionalidad
El recurso fue presentado contra el oficio MH-DM-OF-0901-2026 del 18 de agosto de 2026, mediante el cual Hacienda impuso un denominado “ajuste técnico complementario” sobre el Título 301 del presupuesto del Poder Judicial.
El jerarca judicial afirmó que la disposición de Hacienda “impone un recorte presupuestario coactivo, unilateral y adicional”.
La Corte sostiene que el ajuste afecta 85 subpartidas, incluidas partidas para operación institucional, inversión en infraestructura, edificios y tecnología, así como gasto corriente y remuneraciones.
Según el Poder Judicial, Hacienda modificó unilateralmente su presupuesto y sustituyó la planificación financiera de la institución por estimaciones econométricas centralizadas.
La Corte afirma que el oficio contiene “graves vicios de nulidad absoluta” y cuestiona que el ajuste haya sido elaborado mediante un modelo econométrico que, a su criterio, carece de rigor técnico y suficiencia probatoria.
El Poder Judicial también sostiene que la actuación de Hacienda vulnera garantías constitucionales relacionadas con la independencia judicial, además de principios establecidos en la Ley General de la Administración Pública y en la normativa presupuestaria.
¿Qué establece el artículo 177?
El artículo 177 de la Constitución establece que el proyecto de presupuesto ordinario es preparado por el Poder Ejecutivo mediante un departamento especializado que tiene autoridad para reducir o suprimir partidas incluidas en los anteproyectos formulados por los ministerios, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones.
No obstante, la misma norma establece que “en caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República”.
Ese es el mecanismo constitucional al que Aguirre hace referencia en su recurso. Por ello, si el Poder Judicial mantiene su oposición al ajuste y Hacienda sostiene el recorte, la controversia podría llegar al conocimiento de Fernández.
Corte pide suspender el recorte
Además de impugnar la decisión de Hacienda, Aguirre solicitó una medida cautelar provisionalísima para suspender de inmediato los efectos del ajuste presupuestario.
La petición también pretende impedir cualquier actuación destinada a incorporar de manera obligatoria el recorte en el II Presupuesto Extraordinario y II Modificación Legislativa a la Ley N.° 10.836, mientras se resuelve el recurso.
