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La Corte Plena acordó este lunes autorizar al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, a que realice las acciones administrativas y legales para “impedir” el recorte al presupuesto de 2026, exigido por el ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, por ¢23.722 millones.
Las magistraturas de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la votación, al considerar que el tema eventualmente podría ser conocido por ese tribunal.
La rebaja generó un fuerte rechazo entre los magistrados y jerarcas de los órganos auxiliares del Poder Judicial.
Magistrados cuestionan coherencia del Gobierno en materia de seguridad
Patricia Solano, magistrada de la Sala de Casación Penal, afirmó que entre más exitoso sea el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el combate a la criminalidad, mayor es el golpe que recibe presupuestariamente.
Del total de la rebaja, ¢9.536,3 millones corresponden al OIJ, lo que equivale al 40,2% del recorte. Para la magistrada, la disposición del Poder Ejecutivo representa una “paradoja”.
“Creo que es muy claro el discurso: entre mejor lo hagan, los golpeamos más fuerte para que no tengan recursos y no combatan la criminalidad”, afirmó durante la sesión de Corte Plena de este lunes.
La magistrada también llamó al gobierno de la presidenta Laura Fernández a mantener coherencia entre su discurso sobre la seguridad nacional y las decisiones presupuestarias que afectan al OIJ y al Ministerio Público.
“Yo llamo a la reflexión de que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República sean congruentes en el discurso de que quieren combatir la criminalidad y que mantienen estos dineros para que nosotros podamos seguir con la labor que hacemos”, expresó.
Alfaro: “Las organizaciones criminales deben estar frotándose las manos”
En la misma línea, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, también de la Sala de Casación Penal, planteó que las organizaciones criminales podrían beneficiarse de un debilitamiento de las capacidades estatales para investigar y perseguir delitos.
“Deben estar frotándose las manos las organizaciones criminales, al ver que estamos en estos niveles discutiendo rebajas en presupuesto para cuestiones esenciales de investigación y de persecución”, expresó.
Destacó que el OIJ y el Poder Judicial participan diariamente en al menos 10 allanamientos, como parte de las labores de investigación y persecución de organizaciones criminales.
El magistrado vinculó ese trabajo con la evolución de los homicidios en el país y sostuvo que la eventual reducción de asesinatos respecto de años anteriores responderá a la labor articulada del sector penal.
“Si hoy estamos en presencia de un escenario que permite proyectar que haya este año menos homicidios que en los años anteriores, es porque ha habido un trabajo articulado de todo el sector penal del Poder Judicial costarricense para atacar bandas criminales y para amortiguar el problema de la inseguridad, desde lo que a nosotros nos corresponde, que es la investigación, la persecución y el juzgamiento”, afirmó.
Araya cuestiona a Chaves: “¿A favor de quién está?”
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, cuestionó públicamente al ministro Rodrigo Chaves por la rebaja que ordenó aplicar.
“Ministro Chaves, ¿a favor de quién está: del crimen organizado y del narcotráfico, o a favor de los costarricenses decentes y honorables?”, cuestionó Araya durante la sesión de Corte Plena de este lunes.
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, lanzó una segunda pregunta: “¿Está usted a favor de disminuir la mora o está usted a favor de aumentar la mora judicial?”.
Corte busca apoyo de diputados para enfrentar el recorte
Igualmente, propuso que las autoridades de la Corte se reúnan de inmediato con las jefaturas de fracción de los partidos que integran el denominado bloque democrático de la Asamblea Legislativa: Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Araya calificó el impacto presupuestario expuesto durante la sesión como “demoledor para la democracia costarricense” y señaló que la reiteración de recortes hace necesario que el Poder Judicial busque una respuesta conjunta con las fuerzas políticas de oposición.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, informó durante la sesión que ya sostuvo una reunión con diputados el viernes anterior para abordar tanto el presupuesto del Poder Judicial, como los efectos que podría tener la rebaja.
Aguirre explicó que participaron legisladores de distintas agrupaciones, entre las cuales citó a las diputadas del PUSC y la CAC, Abril Gordienko y Claudia Dobles. También dijo haber conversado con varios diputados del PLN, aunque precisó que el jefe de la bancada verdiblanca, Álvaro Ramírez, no pudo asistir.
Araya insistió, pese a la reunión ya realizada, en la conveniencia de volver a convocar a las jefaturas del bloque democrático para presentarles los datos con los equipos técnicos de la Corte.
“Me parece que hay muchos costarricenses esperando una acción, o sea, una acción fuerte, directa con todas las fuerzas que están comprometidas con la democracia”, manifestó.
La Presidencia de la Corte acordó intentar coordinar una nueva actividad con las fracciones legislativas, a solicitud de Araya.
Michael Soto advierte de un eventual “caos”
Michael Soto, director interino del OIJ, advirtió que el presupuestario podría debilitar la capacidad del país para contener al crimen organizado y generar un escenario de mayor violencia y “caos”.
“Si no tenemos los recursos para combatir al crimen organizado, podría eventualmente entrar en un caos en el país. Cuando se desarticulan estructuras criminales como las que hemos desarticulado recientemente, se generan espacios de poder que generan violencia y generan caos”, afirmó.
Para Soto, la reducción presupuestaria ocurre, además, en un momento particularmente delicado para la seguridad del país. Señaló que el promedio de homicidios pasó de 2,1 diarios a cerca de tres por día durante el último mes, pese al trabajo operativo realizado por el OIJ.
Soto sostuvo que, en lugar de reducir recursos, el contexto actual exigiría fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
“Yo debería invertir mi tiempo en la planificación de las investigaciones de estructuras criminales, pero últimamente mis horas y mis angustias han sido pensando si podemos terminar el año con los presupuestos”, manifestó.
Fiscal general cuestiona trasfondo político del recorte
Carlo Díaz, fiscal general de la República, afirmó que la caída presupuestaria no solo reducirá la capacidad operativa del Ministerio Público y OIJ, sino que podría formar parte de un proceso para debilitar a la institución y facilitar posteriormente cuestionamientos sobre su funcionamiento.
“¿Y con este caos, qué es lo que se pretende? Bueno, tomar en definitiva el Poder Judicial, que es lo único que les hace falta a este proyecto político que yo también he mencionado en otras ocasiones”, declaró.
Díaz agregó que, a su juicio, el recorte no solo reduce las capacidades de las instituciones judiciales, sino que podría generar posteriormente las condiciones para cuestionar su desempeño.
“Con esta disminución presupuestaria lo que se pretende es disminuir las capacidades del Ministerio Público, del OIJ y, por supuesto, del Poder Judicial”, declaró.
