Costa Rica sufrió otro retroceso democrático la tarde y noche de este lunes 14 de setiembre de 2026, cuando decenas de ciudadanos vieron restringidos sus derechos a expresarse pacíficamente en la Plaza Mayor de Cartago, donde se les impidió manifestarse con banderas, faroles y mensajes en defensa de la democracia, en vísperas del 205.º aniversario de la Independencia de Costa Rica.
Una celebración patriótica instaurada en 1982 para unir a los costarricenses en el canto simultáneo del Himno Nacional a las 6 p. m. fue convertida por este gobierno, 44 años después, en una deplorable representación de la división política del país: chavistas a un lado y ciudadanos opositores al otro.
Entre ambos, un cordón de policías de la Fuerza Pública y una valla metálica. Los oficiales, en la práctica, aplicaron un filtro de seguridad por afinidad política: según testimonios y observaciones de este diario, permitieron ingresar a la Plaza a simpatizantes del gobierno o del Partido Pueblo Soberano, tanto residentes de Cartago como personas traídas en autobuses desde Puntarenas, Limón, Upala y San Carlos, quienes llegaron a aplaudir al gabinete en la sesión del Consejo de Gobierno. En cambio, los policías restringieron el acceso a quienes consideraban críticos del oficialismo.
Un incidente vergonzoso, captado en videos, fue la respuesta burlona del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, a un ciudadano que le preguntó por qué debía presentar la cédula, “como si fuera un delincuente”, para ingresar en una plaza pública. “Vaya, cómprese un poquito de cremita’e rosas”, le contestó el expresidente Chaves. Y con muecas y movimiento de manos, añadió: “Lero lero, calzón de cuero, ese chiquillo llora por su ternero”. Tal conducta, indigna de su investidura, menospreció a un ciudadano que reclamaba explicaciones por una posible restricción de sus derechos.
Hay un antecedente, aunque con un matiz muy diferente, ocurrido en abril del 2013, durante el mandato de Laura Chinchilla. En la conmemoración de la batalla de Rivas y del heroísmo de Juan Santamaría, la Fuerza Pública cercó la plaza alajuelense y solo permitió el ingreso de invitados oficiales, estudiantes y docentes, mientras mantenía a distancia a vecinos y manifestantes contrarios a la concesión de la carretera San José-San Ramón.
La Nación lo resumió en aquel momento con el título “Alajuela fue una barricada”. Posteriormente, la Sala IV rechazó de plano el amparo presentado por un ciudadano contra el cerco policial al considerar que el gobierno sí podía implementar medidas temporales de seguridad para regular una actividad de asistencia masiva, preservar la convivencia y evitar riesgos.
La diferencia constitucional es que, anteayer en Cartago, la restricción no se aplicó por igual, sino según la afinidad política de las personas. El artículo 26 de la Constitución garantiza el derecho de todos a reunirse pacíficamente y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios públicos. “Todos”, no solo unos cuantos.
Aunque las reuniones en sitios públicos pueden ser reguladas, esa potestad no autoriza a discriminar a los participantes por sus posturas o ideas. A esa garantía se suman la libertad de expresión, protegida por el artículo 29, y la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 33.
La presidenta Laura Fernández y sus ministros deben recordar que gobiernan para las poco más de cinco millones de personas del país, no únicamente para los 1.243.141 ciudadanos que votaron por ella, ni para quienes se identifican como chavistas.
La victoria electoral les concedió el mandato de gobernar, no de convertir los espacios públicos en patrimonio de una corriente política. Por eso, cada vez que los integrantes del gabinete y funcionarios oficialistas entonen el Himno Nacional, deberían reparar en su estrofa final, que alude a una patria donde “blanca y pura descansa la paz”; cuando canten la Patriótica Costarricense, convendría que mediten en el anhelo de una nación “siempre libre”, y cuando interpreten el Himno Patriótico del 15 de Setiembre, sería vital que se detengan en el verso “derechos sagrados la Patria nos da”. Se trata de compromisos democráticos que obligan a todos, pero principalmente a quienes ejercen el poder.
Incluso si una manifestación como la “Faroleada por la Democracia” los incomoda por su carácter de oposición a muchas actuaciones del gobierno, esas críticas no despojan a la actividad de su carácter pacífico ni de su legitimidad democrática.
Aplicar un filtro por afinidad política en cualquier espacio público es inadmisible, pero hacerlo en la Plaza Mayor de Cartago, junto al lugar donde el pueblo proclamó la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821, constituye una contradicción histórica y una grave afrenta a la democracia.
Lo sucedido este 14 de setiembre no puede justificarse como una simple medida de seguridad. Debe investigarse y nunca repetirse. Y quienes fueron reprimidos merecen, cuando menos, una disculpa.
Es un retroceso democrático porque nuestra independencia no se honra separando a los costarricenses con vallas y cordones de policías, ni aislando a los gobernantes de las voces que los critican. En Costa Rica, todos, sin distinción partidaria, deben poder ejercer sus derechos bajo la bandera blanca, azul y roja.