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La exclusión de las universidades de la ley de empleo público es producto de una sucesión de oscuras maniobras ejecutadas sorpresivamente en la Comisión de Gobierno y Administración. Los rectores nunca ocultaron su intención de quedar fuera de la normativa, pero no lo consiguieron con desnutridas manifestaciones ni con el escándalo de las tumbacocos. En su lugar, un grupo de diputados se encargó de hacerlo con métodos más silenciosos.
La falta de transparencia comienza por el oscuro origen de la moción aprobada el martes. Seis diputados presentaron tres mociones idénticas: una suscrita por el independiente Dragos Dolanescu y la socialcristiana Aracelly Salas; otra, por Paola Vega, Welmer Ramos y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y la tercera, por Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN).
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La total coincidencia de los textos puso en evidencia su origen común. Todo apunta a los rectores, pero los diputados se esfuerzan para no confirmarlo, aunque no pueden negar el origen universitario de los textos. Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, dice ignorar si fueron «directamente los rectores», pero confirma que los legisladores las recibieron de «la parte universitaria».
La diputada Niño tiene otra versión: las propuestas nacen de un trabajo conjunto de despachos interesados en resguardar la autonomía universitaria. Eso no explica por qué un esfuerzo tan coordinado culminó con la presentación de tres mociones idénticas y no una sola.
Según la diputada Vega, la propuesta salió de la discusión con los rectores, pero evidentemente no hubo una conversación de la cual los diputados salieron a escribir, por aparte, tres textos iguales. La redacción tampoco se hizo en el acto porque la consecuencia lógica habría sido la presentación de una sola moción.
Igual de opaca fue la maniobra de la Unidad Social Cristiana para ceder su asiento en la comisión a José María Villalta, del Frente Amplio. La subjefa de fracción, Shirley Díaz, autorizó la sustitución por solicitud de la también socialcristiana Aracelly Salas, titular del puesto, quien se ausentó para someterse a exámenes médicos.
«Don José María la sustituyó porque ningún compañero estaba disponible por estar atendiendo comisiones u otros compromisos relacionados con el cargo», aseguró Díaz. En otras palabras, el PUSC se considera bien representado por el Frente Amplio en un debate de tanta trascendencia y le emite un cheque en blanco para votar en su lugar justo el día previsto para excluir a las universidades, como siempre lo pretendió Villalta.
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La opacidad se extiende a la cortina de humo lanzada por los legisladores para negar las consecuencias de la moción. Los liberacionistas Chacón y Niño, así como Víctor Morales, del PAC, aseguran que la moción aprobada con su voto no excluye a las universidades del salario global ni de los principios generales de la ley de empleo público, y solo se refiere a evaluación de profesores, cursos, despidos y contrataciones.
Esa nunca fue la pretensión de los rectores y sus aliados en la Asamblea Legislativa, porque la salvaguarda de esas potestades no está en discusión. Si lo dicho por Morales, Chacón y Niño es cierto, la moción aprobada el martes los tendría muy insatisfechos.
Y si la moción viene de «la parte universitaria» o salió de la discusión con los rectores, pero no excluye a las universidades del salario global ni del régimen general de empleo público, en algún momento los jerarcas renunciaron a la pretensión de seguir gobernando las remuneraciones. ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué no informaron al país y a la comunidad universitaria del cambio de opinión?
La moción aprobada el martes reza: «El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política». La normativa complementaria incluye, por supuesto, la soberana regulación de las remuneraciones.
Al constitucionalista Rubén Hernández no le cabe duda de la exclusión de las universidades de la ley de empleo público; el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca protesta por el respeto al «feudo» del que gozan; y el liberacionista Carlos Ricardo Benavides dice que la moción es una excepción velada a favor de las instituciones de educación superior. Con vista en el texto, no se les puede objetar.
Si lo diputados quisieron reafirmar la potestad de decidir sobre evaluación de profesores, cursos, despidos y contrataciones, ¿por qué no lo dijeron así? La moción del martes es un grave daño al ordenamiento del empleo público. Si llegara a convertirse en ley, no tardaremos en comprobarlo.
La defensa de los privilegios de las universidades se hace cada vez más difícil. El país comprende mejor la crítica situación de sus finanzas y la imposibilidad de mantener los excesos de las instituciones de enseñanza superior. Profesores y estudiantes se suman a amplios sectores de la opinión pública para repudiar las pretensiones de preservar odiosos beneficios a expensas del erario y, también, a costa de programas esenciales para la función educativa, como las becas, constantemente invocadas para exigir más recursos que terminan engrosando los beneficios burocráticos.
Tan difícil se ha hecho la defensa de esos privilegios que solo la falta de transparencia, las maniobras sorpresivas y los acuerdos bajo la mesa pudieron lograrlo. Ahora, por lo menos, no nos debemos dejar tomar el pelo ni distraernos con las cortinas de humo. El jefe de fracción liberacionista, sorprendido porque los costarricenses juzgamos las actuaciones de los diputados, debe saber que lo hacemos porque es nuestro derecho, como también lo será, en el futuro, exigir rendimiento de cuentas y asignar responsabilidades.
