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La adopción de la ley de empleo público alinearía al país con las mejores prácticas internacionales. Lo sabemos desde hace muchos años y nos lo han dicho expertos de todos los organismos multilaterales. No hace mucho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre cuyos propósitos está, precisamente, la promoción de las mejores prácticas, criticó el volumen y la naturaleza de las remuneraciones públicas en el país.
El gasto en salarios consume el 50 % de los ingresos (el doble del promedio de los demás países miembros) y existen 260 pluses salariales en cuya presencia el empleo público es «sumamente difícil de controlar». El diagnóstico es claro desde hace años. Alberto Barreix, reconocido economista del Banco Interamericano de Desarrollo, se maravillaba durante una conferencia dada en San José en el 2014 por las diferencias en las remuneraciones del sector público y privado.
Ahora, Manuela Goretti, jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encargada de negociar un crédito de $1.750 millones y un programa de equilibrio fiscal con Costa Rica, explicó, durante un encuentro virtual con sindicatos del sector estatal, la compatibilidad de la ley de empleo público con las mejores prácticas internacionales.
El sector más radical de los sindicalistas salió de la reunión acusando al gobierno de mentir, porque Goretti afirmó que la normativa no es una exigencia del FMI. Nadie ha dicho lo contrario, como explicamos en nuestro editorial de ayer. En cambio, los voceros guardaron silencio sobre la importante afirmación relativa a las mejores prácticas, de la cual informamos en nuestra edición del domingo.
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La conclusión no carece de sustento, pues su punto de partida es el análisis del proyecto, cuyo principio fundamental es la creación de un salario global, en sustitución del sistema de salario compuesto vigente. «Como jefa de la misión de Costa Rica, pedí a mi equipo revisar el borrador y vemos que es coherente con las mejores prácticas internacionales —lo que ha sucedido en otros países que cumplen estos estándares—, pero claro que es solamente una parte del proceso», expresó Goretti.
Inmersa en una crisis fiscal, Costa Rica debe adoptar, con urgencia, las mejores prácticas, porque las peores la han traído hasta el borde del abismo. Un sector reducido, pero bien organizado, de la población se beneficia del sistema imperante y parece indiferente a las razones técnicas. La opinión del FMI no es de recibo para el movimiento sindical, dijo una dirigente invitada a la reunión virtual del viernes pasado.
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El inmanejable repertorio de pluses salariales crea distorsiones hasta del 600 %. El gasto se hace inmanejable por el crecimiento automático de muchos de esos incentivos con el simple paso del tiempo. Así, un funcionario llega a ganar el doble del salario dispuesto para el jerarca de la institución.
Un jefe de departamento del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tiene un salario base de ¢958.000, pero sus ingresos se cuadruplican a ¢4,1 millones por los pluses: ¢2,5 millones por años de servicio, ¢526.000 por dedicación exclusiva y ¢126.000 por carrera profesional. Por esa vía, 53 funcionarios del ICT ganaban más que la ministra de Turismo en el 2018.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018 comenzó a introducir reformas en la materia, pero falta mucho camino por andar. Esa es la intención de la ley de empleo público y ya estamos notificados, por varias vías, de su completa normalidad. Lo anómalo es el régimen vigente bajo cuyo peso las finanzas públicas no conseguirán despegar del suelo.
