Preocupa, pero no sorprende, el progresivo deterioro de nuestro país en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés), uno de los más respetados del mundo. Preocupa, por lo mucho que implica, pero no sorprende porque, desgraciadamente, responde a la realidad.
La preocupación, que ya suena timbres de alarma, tiene varias facetas. Mencionamos cuatro: cuando nuestro hábitat natural se deteriora, el bienestar humano se reduce; el balance entre el uso actual y futuro de los recursos se altera en menoscabo de las generaciones jóvenes; la propuesta de valor para el turismo se devalúa, y nuestro liderazgo global en la materia, clave para nuestra política exterior, se debilita.
Desde el pasado gobierno, la lúcida política ambiental desarrollada durante décadas ha perdido centralidad. Se ha erosionado la capacidad institucional para impulsarla e, incluso, se han tomado iniciativas contrarias a las matrices de sostenibilidad. Esto fue documentado por un reciente reportaje del periodista Juan Fernando Lara, que acompañamos con una información sobre nuestro desplome en el EPI.
El índice lo compilan cada dos años, desde el 2006, las universidades estadounidenses de Yale y Columbia. Cuando se publicó por primera vez, Costa Rica estuvo entre los 15 países mejor posicionados, de casi 180 tomados en cuenta, con una nota de 82 sobre 100. Avanzamos hasta el tercer puesto y un 86 de calificación en 2010, y luego nos deslizamos al quinto en 2012. A partir de entonces, comenzamos a caer, aunque de forma no lineal, y este año bajamos al puesto 45, con apenas 49 puntos. Sobran retrocesos y omisiones que explican el resultado. El reportaje al que nos referimos documenta un buen número.
El incremento en las emisiones de carbono –factor clave en el calentamiento global– ha crecido sin pausa. Tales emisiones son impulsadas, sobre todo, por una matriz de transporte disfuncional. En el ámbito eléctrico, hemos tenido años de muy alta generación térmica, por una mezcla de sequías e inadecuado planeamiento. En los últimos cinco, el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se ha reducido en 37,8%. De hecho, en el pasado la institución alertó sobre un posible cierre técnico en 2026. Aunque este no se produzca, su capacidad para resguardar los parques nacionales y áreas protegidas se ha reducido peligrosamente.
Sin respaldo científico, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), órgano rector, aumentó, pero luego se vio obligado a anular, el número de visitantes permitido en los parques nacionales de Manuel Antonio y Corcovado.
A vista y paciencia de las autoridades, e incluso con el estímulo de algunas, varios territorios protegidos han sido víctimas de desarrollos inmobiliarios indebidos e ilegales. Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, y distintas áreas en el Pacífico central y sur han sido particularmente afectadas. Las intervenciones del Ministerio Público y la Contraloría han frenado, en parte, el deterioro. Dos de los 12 humedales de importancia mundial registrados en el país (Térraba-Sierpe y, de nuevo, Gandoca-Manzanillo) han sido calificados de forma negativa por el organismo internacional que vela por su salud.
Nada de lo anterior responde a simples circunstancias o descuidos puntuales. Más bien, es producto del desdén oficial en la materia. Hace dos años, ante los incumplimientos de los compromisos nacionales suscritos durante la cumbre ambiental de 2015, en París, el entonces jerarca del Minae, Franz Tattenbach, se limitó a declarar que “prometimos más de lo que podíamos”. No anunció un plan remedial. En agosto de 2024, en otro reportaje, documentamos cuatro falsedades sobre el ambiente cometidas por el gobierno en 27 meses.
A ello se suman la falta de supervisión sobre la pesca ilegal y exportación del tiburón martillo, los intentos por impulsar la pesca de arrastre y el distanciamiento –y hasta persecución– de organizaciones no gubernamentales defensoras del ambiente. En febrero de 2024, por ejemplo, la respetada Fundación MarViva denunció que las autoridades habían gestionado su exclusión de un proyecto ambiental financiado por fuentes internacionales, debido a sus acciones legales contra esa modalidad de pesca.
Ante situaciones como estas, incluso Manuel Morales, entonces diputado oficialista, criticó con dureza, a finales de ese año, la gestión del Minae. Aun así, por la inercia del acuerdo suscrito durante la administración de Carlos Alvarado, Costa Rica copresidió, junto a Francia, la Cumbre de Océanos celebrada en la ciudad mediterránea de Niza en junio del pasado año. En esa ocasión, Rodrigo Chaves declaró que nuestro país acudía a proponer, no a pedir, y llamó a trabajar con “base científica” y “valentía” en materia ambiental, sobre todo respecto a los océanos.
También rechazó la “falsa dicotomía” entre explotación y conservación del ambiente, y añadió: “Creo que debemos ser racionales y razonables; ambas cosas son posibles”. Es decir, lo contrario de lo que sucedió durante su gobierno y parece ser la línea del actual.
A menos que haya un cambio de rumbo, el deterioro en el índice y la realidad ambiental seguirán avanzando. Hasta ahora, sin embargo, todo sigue igual.