El discurso de sostenibilidad que promueve Costa Rica choca con realidades incómodas. Detrás de las campañas turísticas y la retórica ambiental, datos oficiales y un conjunto de hechos evidencian retrocesos en varios frentes.
Aunque el país ha aprovechado su liderazgo discursivo en foros como la Conferencia de las Partes (COP) y las cumbres anuales de las Naciones Unidas sobre el clima y la biodiversidad, la realidad golpea espejismos como la matriz energética y los compromisos climáticos.
A eso se suman un debilitamiento institucional en las áreas protegidas y la presión económica sobre el patrimonio natural.
Incluso, el exministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra reconoció dos años atrás que Costa Rica prometió más de lo posible en el Acuerdo de París.
“Seamos honestos, hay un incumplimiento, pero el problema es que estamos incumpliendo promesas porque prometimos más de lo que podíamos sin disponer de un marco de acción”, declaró en setiembre del 2022.
Los datos oficiales lo respaldan. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de Costa Rica crecieron un 76,6% de 1990 al 2017, principalmente por el transporte y la actividad industrial, que aportan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, realizado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Ese inventario es la herramienta oficial con la que el Estado costarricense mide su avance −o retroceso− respecto de los compromisos asumidos ante la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.
La Nación envió consultas al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) el lunes 20 de julio sin que, al momento de esta publicación, se tuviera respuesta.
Emisiones de CO₂ y la confirmación europea
La tendencia fue confirmada en un informe que la Comisión Europea y la Agencia Internacional de Energía publicaron en el 2025. Las emisiones de Costa Rica pasaron de 9.595 millones de toneladas de CO₂ en 1990 a 17.077 millones en el 2024. Se trata de un repunte del 78% en tres décadas y del 39% solo desde el 2005.
Así se consignó en la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Mundial (EDGAR, por sus siglas en inglés), plataforma independiente del Centro Común de Investigación de los dos organismos europeos antes mencionados.
Los datos son aún más reveladores si se observan las emisiones per cápita. La cifra bajó de 3.099 toneladas en 1990 a 2.887 en el 2005, una caída que alimentó buena parte del relato verde del país. Sin embargo, en el 2024 la cifra volvió a subir hasta las 3.278 toneladas.
El motor de ese repunte fue el transporte, que creció un 296% desde 1990 y un 65% desde el 2005, muy por encima de cualquier otro sector, seguido por las edificaciones (+153%) y los procesos industriales (+98%).
Generación térmica, la otra cara de la ‘matriz limpia’
En conexión con lo anterior, aunque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicita desde hace años que su matriz de generación eléctrica es casi 100% renovable, la dependencia térmica aflora con fuerza en años de escasez de lluvias, como los recientes, comprometiendo los embalses de generación hidroeléctrica.
Eso quedó patente al cierre del 2024, cuando la generación térmica aportó el 13% de la electricidad que consumió la población. Por segundo año consecutivo, se registró un récord en ese tipo de generación eléctrica.
Esos datos distan mucho de los del 2018, cuando el Grupo ICE pautaba publicidad resaltando que el 98% de su generación era renovable, dejando para la térmica solo un 2%, según estadísticas de su División de Operación y Control del Sistema Eléctrico Nacional.
En cuanto al consumo de combustibles y electricidad, el país pasó de consumir 106.189 terajulios en el 2005 a 170.297 terajulios en el 2024, de acuerdo con el Informe Estado de la Nación 2025.
El sector transporte otra vez fue el principal consumidor, acaparando 61,1% del total.
‘Gallina de los huevos de oro’ sin fondos
La desconexión entre el discurso y la práctica también se refleja en el abandono de las áreas silvestres protegidas, la “gallina de los huevos de oro” del turismo local.
En setiembre del 2017, Mario Boza, uno de los fundadores de los parques nacionales, presentó junto a otros ciudadanos un recurso de amparo que la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar por el abandono de estas áreas protegidas.
Boza, fallecido el 29 de octubre del 2021, resumió entonces aquella carestía material en una frase: “Estamos estafando al turista”.
La falta de recursos persistió. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ha tenido recortes presupuestarios de 37,8% en los últimos cinco años.
Si bien en el 2025 el presupuesto creció un 3,6% frente al 2024 y cerró en ¢27.370 millones, el monto se distancia de la cifra del 2020, cuando fue de ¢44.029 millones, según sus propias estadísticas.
Esa merma presupuestaria se refleja en el terreno con la insuficiencia de personal para el resguardo de las áreas silvestres protegidas.
En Costa Rica, cada guardaparques debe cuidar un promedio de 18 kilómetros cuadrados (km²) de áreas protegidas, una extensión que supera el tamaño del cantón de Montes de Oca.
Más visitación sin estudios técnicos
La caída de recursos económicos y humanos contrasta con decisiones recientes y sin sustento técnico, como fallidos intentos del Minae de aumentar el límite de visitantes en el Parque Nacional Manuel Antonio y el Parque Nacional Corcovado, decisiones que después fueron revertidas por la Sala Constitucional.
En mayo del 2023, la Sala ordenó al Sinac reducir de inmediato el aforo diario de excursionistas en Manuel Antonio, pasando de 3.000 a 1.120 visitantes.
Luego, en agosto del 2025, anuló el aumento de aforo en el Parque Nacional Corcovado. El tribunal declaró con lugar un recurso de amparo tras constatar que las autoridades ambientales incrementaron los cupos de visitación sin sustento técnico ni científico. El Sinac violó el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado al tomar la decisión únicamente con base en la alta demanda turística.
Gandoca-Manzanillo, tesoro natural en manos privadas
La falta de control y planificación, sumada a los recortes presupuestarios, ha convertido a los territorios protegidos en un blanco de expansión inmobiliaria. En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, Limón, el 87% de las fincas con bosque están en manos de personas jurídicas o extranjeras.
El conflicto escaló hasta la Fiscalía debido al aparente otorgamiento de permisos ilegales de tala por parte del Sinac.
La controversia surgió por una ley firmada en el 2014, que desafectó 406 hectáreas del refugio al retirarles su condición de bien de dominio público, lo cual permitió que fueran cedidas a terceras personas.
En el 2019, la Sala IV declaró inconstitucional parte de esa ley y determinó que 188 hectáreas eran de zona boscosa. Desde entonces, se ordenó al Sinac delimitar de nuevo el área del refugio y recuperar las zonas de bosque en un plazo de 12 meses, sin que a la fecha se haya acatado ese mandato.
Mientras tanto, la devastación de ese paraíso natural se aceleró. En casi 10 años, del 2014 al 2023, Gandoca-Manzanillo perdió 121 hectáreas de cobertura arbórea, el equivalente a 1,7 veces el Parque Metropolitano La Sabana, que mide 72 hectáreas, según la plataforma Global Forest Watch (GFW).
Humedales deteriorados
En Costa Rica, también se han deteriorado humedales de importancia mundial, como se expuso en julio del 2025 en el principal foro internacional de estos ecosistemas: la sesión plenaria de la COP15, en Victoria Falls, Zimbabue.
La Secretaría de la Convención Ramsar elevó de dos a cuatro las menciones negativas para Costa Rica dentro de un listado de 139 países. Por primera vez, incluyó como casos negativos la situación del humedal Térraba-Sierpe y la del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a partir de notificaciones emitidas por fuentes externas, no por la autoridad administrativa local: el Sinac.
En suelo costarricense existen 12 humedales de importancia mundial (llamados sitios Ramsar) por su valor ecológico y por albergar una gran diversidad de especies, incluidas las aves migratorias.
Meses antes, en setiembre del 2024, la científica Jacklyn Rivera Wong había sido separada de la Dirección del Programa de Humedales del Sinac, solo cuatro días después de negarse a acatar una orden del entonces ministro de Energía, Franz Tattenbach Capra, de reducir el área de uno de esos 12 sitios protegidos por la Convención Ramsar sobre los Humedales.
Esa área era la del Refugio Gandoca-Manzanillo, donde la Fiscalía investiga permisos otorgados a un empresario para la corta de árboles.
Falencias en control de pesca
A principios de este mes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) también cuestionó a Costa Rica por incumplir las normas contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada durante tres años seguidos: 2022, 2023 y 2024.
El informe enviado al Congreso de Estados Unidos señaló la falta de observadores científicos en la flota palangrera y la ausencia de un programa operativo de monitoreo.
El documento recalcó que Costa Rica no reportó datos de captura de especies protegidas en ningún año luego del 2020, pese a tener más de 150 palangreros registrados.
Sin observadores independientes a bordo, no hay datos sobre la captura incidental de tortugas marinas, ciertos tipos de tiburones y mamíferos marinos, entre otros.
El informe recordó también que en el 2021 ya se había señalado a Costa Rica por fallas de gestión y por no haber enviado datos estadísticos.
En agua potable, un estándar se suavizó
La tensión ambiental también quedó evidenciada con la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, en junio del 2025, que afectó las pautas sobre la presencia de residuos de plaguicidas en el agua.
Antes del decreto, cualquier residuo de plaguicida o su metabolito (derivado) no especificado de forma individual estaba sujeto a un estricto límite de protección de 0,1 microgramo por litro (µg/L) de agua.
Con el decreto, la administración de Rodrigo Chaves Robles incorporó límites específicos para los metabolitos del clorotalonil entre 12 y 80 µg/L para evitar el desabastecimiento de agua en comunidades afectadas en Cartago.
Matemáticamente, permitir 80 µg/L en lugar de 0,1 µg/L equivale a multiplicar el umbral por 800.
En la consulta pública de la reforma, más de 25 grupos, entidades estatales, políticos y universidades se pronunciaron en contra, alegando que la reforma legaliza “los valores máximos admisibles” sin estudios ni criterios técnicos.
Dos años antes, en abril del 2023, unos 8.000 habitantes de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno, en Cartago, levantaron la voz porque llevaban seis meses impedidos de tomar agua del tubo en sus casas por la presencia de residuos de clorotalonil.
El clorotalonil se prohibió el 30 de noviembre del 2023 en cumplimiento de un mandato de la Sala Constitucional, tras acreditarse la grave contaminación del agua en esa provincia.
Melones contaminados en Europa
Meses antes del decreto, en marzo del 2023, las autoridades sanitarias de Alemania emitieron una alerta severa tras detectar residuos de clorotalonil en un cargamento de melones costarricenses que ingresó por los Países Bajos.
La fruta costarricense registró 0,08 mg/kg del plaguicida. Mientras en Costa Rica ese nivel era legal y el límite máximo era de 2 mg/kg, en la Unión Europea (donde el químico se prohibió en el 2020) el tope tolerado era de 0,01 mg/kg.
El gobierno prohibió el clorotalonil siete meses después de que trascendiera el caso de los melones y de la decisión de la Sala Constitucional sobre la sustancia. No obstante, un año y medio después, suavizó los protocolos respecto a su presencia en el agua potable.