Costa Rica asumió ante el mundo el compromiso de reducir “sustancialmente” sus emisiones causantes del calentamiento global, aunque en realidad acumula años de incumplimiento. Ni siquiera existen datos frescos de cuántas toneladas de gases de dióxido de carbono (CO2) arroja al aire o acciones específicas para disminuir el consumo de petróleo, el cual crece sin tregua atizando la crisis climática.
En diciembre del 2015, junto a decenas de naciones, el país firmó el Acuerdo de París, suscrito hasta ahora por 192 países más la Unión Europea. El convenio internacional obliga a reducir “sustancialmente” sus Gases de Efecto Invernadero (GEI) para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados Celsius y esforzarse para limitar este incremento a 1,5 °.
Como parte de esa promesa, Costa Rica presentó en 2020 los objetivos puntuales pues el Acuerdo estipula que los firmantes aporten planes de acción y metas llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).
Según la NDC 2020 nacional, Costa Rica prometió un máximo absoluto de emisiones netas en el 2030 de 9.110 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), incluyendo todos los sectores generadores. Además, un máximo de emisiones netas del 2021 al 2030 de 106.53 millones de toneladas de CO2: un promedio anual de menos de 12.000 toneladas de CO2 durante nueve años.
Nada de esto ha pasado y contrasta con la imagen internacional de país de campeón de la diversidad y promotor del ambiente.
Precisamente fue la costarricense Christiana Figueres Olsen quien lideró negociaciones políticas como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que llevaron al Acuerdo de París del 2015; ampliamente reconocido como un logro histórico.
“Seamos honestos, hay un incumplimiento, pero el problema es que estamos incumpliendo promesas porque prometimos más de lo que podíamos sin disponer de un marco de acción”, reconoció Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía (Minae).
Cuando se suscribió el Acuerdo de París, el país tenía como última referencia estimados de emisiones al 2012 pues aún se elaboraba un estudio más reciente de gases arrojados al 2015, el cual se divulgó en el 2019. A finales del 2021, vino otra actualización, pero con corte al 2017. Esas son las últimas cifras disponibles.
En ese año, se estimó que la generación de gases que agravan la crisis climática creció 76,6% de 1990 al 2017, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Solo en el 2017, Costa Rica lanzó 14.477 millones de toneladas CO2, de las cuales 55% las aportó el sector de energía y 9,6% procesos basados en la calcinación de materiales para producir cemento, cal y vidrio, entre otros.
Sin embargo, estas emisiones siguen creciendo desde el 2017 pues no ha habido ningún cambio sustancial para frenar el consumo de derivados de petróleo. La trayectoria real de los gases ha ido en aumento y esto se aprecia en el consumo de hidrocarburos los cuales cada vez pesan más en la matriz energética frente a electricidad a base de fuentes limpias. De esto sí hay estadísticas frescas.
Hidrocarburos reinan
El país pasó de devorar 18,9 millones de barriles de hidrocarburos en el 2015, a 22 millones al 2019 (83% de repunte), según las importaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). El consumo cayó a 17,2 millones en el 2020 por el impacto de la pandemia en la economía, pero luego se disparó a casi 21 millones el año pasado.
Ese mayor consumo explica que los hidrocarburos aportaron 65% de la energía nacional en el 2019 mientras la electricidad 21% y la biomasa (bagazo, leña, cascarilla de café y otros residuos agrícolas) 13%, revelan los últimos datos del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Hace 20 años, los hidrocarburos aportaban 62%; la electricidad 19% y la biomasa otro 19%, indica el Informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética de Costa Rica elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En dos décadas, la electricidad subió dos puntos porcentuales en la matriz energética mientras los hidrocarburos habían sumado tres al 2019 y sin acciones a la vista para recortar su uso según reconoce el Gobierno.
Potencial disponible
El ministro Tattenbach sí advirtió que Costa Rica posee abundante potencial para sustituir el petróleo con electricidad limpia. “Tenemos todo para entrarle a esa transición y lo vamos a hacer”, recalcó.
“En esta administración haremos algo que mueva la aguja para electrificar sectores dependientes de hidrocarburos. Impulsaremos, por ejemplo, un concepto llamado tarifas de descarbonización para ofrecer mejores condiciones como negociar compras de electricidad a un mismo precio por varios años y así ir sacando el petróleo”, afirmó.
Procesos industriales y de calderas (fabricación de cemento, cal y vidrio) serían las primeras áreas para intervenir. Según cálculos del Minae, el consumo de carburantes fósiles allí equivale a 500 Megavatios de electricidad los cuales habrían de producirse localmente para eliminar el uso actual derivados de petróleo.
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Mientras tanto, son previsibles nuevas malas noticias sobre emisiones desde Costa Rica.
Kendal Blanco Salas, vocero de la Dirección de Cambio Climático del Minae, advirtió que Costa Rica prevé emitir en el 2024 un Primer Informe Bienal de Transparencia el cual es un reporte dentro del Acuerdo de París donde se precisarán las emisiones ticas actualizadas al 2021 o 2022.
Ese Informe es parte de las NDC costarricenses cuyo progreso o retroceso en el recorte de emisiones será divulgado también en el 2024.
La NDC 2020 promete un máximo absoluto de emisiones netas en el 2030 de 9.110 millones de toneladas de CO2. Si se toman de referencia los 14.477 millones de toneladas del 2017, la meta equivaldría a reducir 37% la cantidad de gases lanzados hace cinco años. No obstante, el objetivo sería mayor al desconocerse el tamaño real de emisiones recientes.
Además, se promete un presupuesto máximo absoluto de emisiones netas para el periodo 2021 al 2030 de 106.53 millones de toneladas de CO2”. Eso equivale a un promedio de menos de 12.000 toneladas de CO2 anuales en un lapso de nueve años.
Roberto Dobles Mora, expresidente de Recope, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y exministro de Ambiente y Energía (Minae), opina que la brecha entre las promesas y la realidad se ensancha.
“El problema es que el Plan de Descarbonización y esa NDC son planes de escritorio elaborados sin tener todos los estudios técnicos, económicos, financieros, sociales y políticos necesarios. No tienen las capacidades necesarias para ejecutarse, por lo que no han tenido ningún efecto relevante en la reducción de las emisiones que más bien aumentan vertiginosamente”, señaló.
Para Dobles, el problema central del incumplimiento nacional del pacto es una pérdida de credibilidad internacional.
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¿A qué se comprometió Costa Rica?
Para resolver el problema de la crisis climática, en 1992 se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual entró en vigor el 21 de marzo de 1994. La Convención permite organizar y conducir los esfuerzos de los países a través de los Estados para intentar resolver juntos la crisis climática.
Costa Rica ratificó su adhesión a esa Convención según la Ley No. 7414 publicada en La Gaceta el 13 de junio de 1994.
El órgano principal de esa Convención es la Conferencia de las Partes (COP, Conference of Parties en inglés) donde cada parte es un Estado. La COP se realiza una vez al año para que los Estados negocien y logren acuerdos para abordar el problema que afecta a todo el planeta.
Durante la COP21 realizada en París en el 2015, se adoptó el Acuerdo de París: un hito histórico porque se fijó un marco global y objetivos voluntarios legalmente vinculantes para los países que decidieron suscribir el acuerdo. De acuerdo con Naciones Unidas, sería necesario reducir las emisiones en un 7,6% anual entre 2020 y 2030 para limitar el calentamiento a +1,5°C.
El Acuerdo es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante adoptado el 12 de diciembre de 2015 que entró en vigor en noviembre de 2016. De hecho, la Asamblea Legislativa lo ratificó poco antes el 3 de octubre del 2016 en la Ley No. 9405.