“En relación con la acreditación de tres funcionarios de la Universidad de Costa Rica para la Zona Azul de la Conferencia, si bien existió una expectativa de incorporarlos a la delegación, posteriormente analizada la lista final de la delegación de gobierno para la conferencia, se determinó interinstitucionalmente que para los científicos de la UCR lo procedente era una acreditación directa como representantes de la Universidad y no como delegación del gobierno, dada la autonomía académica y presupuestaria de la universidad”, alegó el Poder Ejecutivo.
El Consejo Universitario de la UCR acusó el pasado 12 de junio a la administración Chaves Robles de excluir de manera deliberada y a última hora a los tres investigadores con trayectoria en conservación marina: Cindy Fernández García, Jorge Cortés Núñez y Juan José Alvarado Barrientos.
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La universidad calificó la acción como un intento de “amordazar y callar” voces científicas críticas, especialmente grave por tratarse de una cumbre global que Costa Rica coorganizó con Francia, y en la que el presidente Rodrigo Chaves hizo un llamado a la protección oceánica “basada en ciencia e innovación”.
Según la denuncia de la UCR, las acreditaciones ya habían sido aprobadas mediante un oficio firmado por la embajadora Eugenia Gutiérrez, directora interina de Política Exterior. Sin embargo, un funcionario de la embajada costarricense en Francia, identificado como Andrés Pérez Sáenz, les retiró los gafetes en el sitio del evento, impidiéndoles el ingreso.
El Consejo Universitario advirtió que este hecho no solo afecta a los tres científicos, sino que también daña la proyección internacional del país en diplomacia científica y la cooperación académica en materia oceánica.
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Contradicción
Si bien el gobierno reconoció la inclusión de los científicos en la delegación, también señaló en su respuesta enviada a La Nación que todos los eventos de Naciones Unidas, entre ellos la Conferencia sobre el Océano, “estipulan procedimientos específicos para la acreditación de actores no gubernamentales, incluyendo a instituciones académicas”.
El gobierno adujo que fue la propia Cancillería la que propuso como eje central de la conferencia el fortalecimiento del vínculo entre la ciencia y la toma de decisiones políticas. Bajo esta premisa, dijeron, se promovió la realización de un Congreso Científico paralelo, en el cual se garantizó la participación del sector académico costarricense.
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Como parte de ese proceso, el biólogo marino Jorge Cortés —uno de los científicos que posteriormente fue desacreditado— fue nombrado como miembro del Comité Científico del congreso, mientras que Silvia Chacón, de la Universidad Nacional, y Álvaro Morales, de la Universidad de Costa Rica, integraron el Comité Organizador, también a solicitud de la Cancillería.
El Ejecutivo agregó que Costa Rica conformó un comité técnico para el desarrollo de contenidos del pabellón nacional en la conferencia —ubicado en la Zona Verde del evento, conocida como “La Ballena”— y que en ese espacio se incorporaron valiosos aportes del sector científico costarricense.
