Cuando un viajero ingresa al país por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, lo primero que ve en la terminal son imágenes de desbordante vegetación y coloridas aves. Igualmente ocurre, aunque a menor escala, en el Daniel Oduber. Acompañadas por el sello “Esencial Costa Rica”, anuncios de hoteles rodeados de verdor, o la fusión de ambos, el mensaje que proyectan es claro: nuestra gran propuesta de valor turístico es la naturaleza.
Gracias a su protección disfrutamos de un entorno más sano. Además, mueve una dinámica industria de amplia huella nacional. A pesar de tribulaciones con el tipo de cambio, esta industria produce sustanciales ingresos, genera empleo, tributa y se mantiene competitiva ante países con ofertas menos distintivas y singulares.
Nada de esto es casual. Su base, además de nuestras ventajas climáticas, han sido visionarias políticas desarrolladas por décadas, una población ambientalmente comprometida, legislación robusta y un andamiaje institucional diseñado para hacerla cumplir.
Estamos entre los pocos países que han logrado combinar la protección y el manejo responsable de sus recursos naturales, generar un ambiente más sano para las actuales y futuras generaciones, mantener equilibrios biológicos vulnerables y tornar esta combinación en fuente de bienestar para personas, comunidades y empresas; también, de ingresos para el Estado.
Un destacado ejemplo de compromiso ambiental comunitario es el Corredor Biológico Paso de la Danta. Surgió en el año 2000, producto de una alianza entre grupos locales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y cooperantes internacionales, interesados en restaurar hábitats y proteger la biodiversidad en una extensión de 82.128 hectáreas. Va desde el nivel del mar hasta los 1.100 metros de altitud, a lo largo de 68 kilómetros de litoral costero en el Pacífico central y sur, y sirve como “puente” natural entre los parques nacionales Manuel Antonio y Marino Ballena.
Sin embargo, ha sufrido severas e inaceptables vulneraciones, que alteran su integridad e, incluso, razón de ser. Paradójicamente, provienen de empresas que, por su interés en generar ganancias gracias a la naturaleza, deberían protegerla, no explotarla con visión de corto plazo, egoísmo e, incluso, irregularidades y hasta posibles delitos.
Tras investigar una denuncia ciudadana presentada el 9 de abril, sobre posibles cambios en el uso de suelo en siete fincas ubicadas en ese corredor, la Contraloría General de la República emitió el martes una orden vinculante, dirigida a la viceministra de Ambiente y directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Giovanna Valverde Stark, y a la Municipalidad de Osa. Les instruyó inspeccionar, detener y, si corresponde, sancionar desarrollos posiblemente ejecutados sin autorización.
Un análisis de imágenes satelitales le permitió encontrar indicios de tala de árboles, movimientos de tierra, caminos y edificaciones. Además, evidencias documentales revelaron que ninguna de esas fincas cuenta con autorización para cortar y aprovechar madera, y cinco carecen de permisos de construcción.
Esta orden se suma a otra, emitida el 21 de mayo y dirigida a municipalidades de la zona y otras instituciones, en la que ordenó a varios alcaldes y funcionarios tomar acciones correctivas para impedir el otorgamiento irregular de permisos de construcción.
Antes de la acción contralora, en los primeros meses del año pasado, la Fiscalía Ambiental de Osa detectó un proyecto residencial que se levantaba, también sin permios, en Paso de la Danta, en la zona de Portalón de Savegre, Quepos. El caso involucra a una compañía de la que es apoderado generalísimo un fuerte financista de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, y se refiere, entre otros, a los posibles delitos de cambio de uso de suelo, tala y aprovechamiento ilegales de recursos forestales, usurpación de aguas y falsedad ideológica. Como medida cautelar, las obras fueron paralizadas entonces.
La ofensiva anti ambiental que reflejan estos y muchos actos es inaceptable; la acción de las autoridades, indispensable. Tal como afirmó la Contraloría al emitir su más reciente orden, “vulneran el principio de legalidad”. En el caso específico del Corredor Biológico Paso de la Danta, al igual que en otros, “elevan el riesgo de afectación sobre el recurso hídrico” y dañan la biodiversidad.
Nuestra riqueza natural es un genuino bien público del cual todos debemos beneficiarnos. Esto no tiene por qué contradecir justos intereses comerciales, siempre que se impulsen dentro del marco de la transparencia, las regulaciones, la legalidad y la responsabilidad. Cuanto exista la presunción de que tal no es el caso, la denuncia ciudadana es esencial como señal de alarma. Y, tal como ha hecho la Contraloría en el caso que comentamos, la actuación del aparato estatal debe ser sólida y expedita.