El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al ministerio de Ambiente y Energía, deberá inspeccionar y actuar ante posibles obras ejecutadas sin permisos ambientales en el Corredor Biológico Paso de la Danta y la Fila Costeña, en el cantón de Osa (Puntarenas), luego de descubrirse señales de intervenciones ilegales en una zona de alta fragilidad ecológica.
Mediante la orden vinculante DFOE-SOS-0333, emitida este 14 de julio, la Contraloría instruyó a la viceministra de Ambiente y directora del Sinac, Giovanna Valverde Stark, y a la Municipalidad de Osa investigar, detener y, de ser necesario, sancionar desarrollos que habrían sido ejecutados sin las autorizaciones correspondientes.
La investigación, originada por una denuncia ciudadana, analizó siete fincas dentro del corredor biológico y concluyó que en tres existe evidencia de movimientos de tierra, tala de árboles, apertura de accesos vehiculares y desarrollos constructivos sin contar con los permisos de la Municipalidad de Osa, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el propio Sinac.
Para la Contraloría, estas intervenciones “vulneran el principio de legalidad, comprometen los ecosistemas del Corredor Biológico Paso de la Danta y elevan el riesgo de afectación sobre el recurso hídrico”.
El Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) es una iniciativa de conservación comunitaria que conecta los ecosistemas boscosos del Pacífico Central con el Pacífico Sur del país a través de la formación montañosa conocida como la Fila Costeña. Se extiende de forma paralela al océano, abarcando desde el nivel del mar hasta los 1.100 metros de altitud en el espacio entre las cuencas de los ríos Savegre y Térraba, protegiendo un litoral costero de unos 68 kilómetros de longitud.
Funciona como un puente natural para la migración de especies (flora y fauna) entre zonas protegidas de altísimo valor, incluyendo el Parque Nacional Manuel Antonio, el Parque Nacional Marino Ballena, la Zona Protectora Cerro Nara, la Reserva Forestal Los Santos y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe.
En mayo del 2025, La Nación divulgó imágenes satelitales que evidenciaron la destrucción del bosque en el corredor biológico La Danta en Savegre, Quepos, por la construcción de un residencial que recibió permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y que está bajo investigación de la Fiscalía.
Se trata del proyecto Clayton Friends of Portalón Sociedad Anónima, cuya viabilidad ambiental fue aprobada por la Setena en diciembre del 2022.
A solicitud de la Fiscalía Ambiental de Osa, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) emitió un informe en el que constató los daños al ecosistema.
Este diario, también confirmó que Christian Arce Carranza, uno de los mayores financistas de la campaña del expresidente Rodrigo Chaves, figuró como apoderado de la empresa que habría construido un residencial dentro del bosque del corredor biológico Paso la Danta, en Portalón de Savegre, Quepos.
Contraloría gira órdenes
Un año después, con la resolución de este martes, se enfatiza que corresponde al Sinac verificar si existieron cambios ilegales de uso del suelo, tala o aprovechamiento forestal sin autorización y, de comprobarse irregularidades, ejercer sus potestades de policía administrativa.
Entre las facultades que Sinac tiene, según detalló la propia Contraloría, figuran realizar inspecciones en las propiedades, decomisar productos forestales obtenidos ilícitamente cuando proceda y presentar las denuncias ante la Procuraduría Ambiental y el Ministerio Público.
La Contraloría incluso le recordó al Sinac que la Ley Forestal confiere a sus funcionarios el carácter de autoridad de policía para ingresar a fincas, practicar inspecciones y actuar frente a posibles infracciones ambientales.
El órgano contralor no concluye que el Sinac haya incumplido sus obligaciones, pero sí considera necesario ordenar el ejercicio de esas competencias a partir de los hallazgos de la investigación.
Investigación comenzó con denuncias
El expediente se originó tras una denuncia recibida por la Contraloría el 9 de abril de este 2026, cuando se alertó sobre posibles cambios de uso del suelo en siete fincas localizadas en áreas de alta fragilidad ecológica dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta.
Durante la investigación, la Municipalidad de Osa informó que cinco de esas propiedades no registraban permisos de construcción.
Paralelamente, el Área de Conservación Osa del Sinac certificó que ninguna de las siete fincas contaba con permisos para corta, aprovechamiento o transporte de madera.
Setena, por su parte, confirmó que dos inmuebles ni siquiera registraban solicitudes de viabilidad ambiental y que otros expedientes permanecían archivados o en análisis.
Al contrastar esa información con imágenes satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), la Contraloría encontró indicios de tala, movimientos de tierra, caminos y edificaciones en zonas de cobertura boscosa.
La orden de este martes se suma a otra emitida por la Contraloría el 21 de mayo, cuando el órgano fiscalizador detectó debilidades institucionales en el proceso de otorgamiento de permisos de construcción dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta.
En esa ocasión, la CGR dirigió instrucciones al Sinac, la Dirección de Agua y seis municipalidades —entre ellas la de Osa— tras concluir que existían vacíos para incorporar la variable ambiental en el análisis de permisos constructivos.