“Esto no es algo que se limite a nuestro país, es un reflejo vivo de lo que pasa a nivel mundial, donde los intereses de las grandes empresas petroleras siguen primando sobre los derechos de las personas”, agregó. Según dijo, el consumo de combustibles es culpable del 80% de las emisiones.
Este diputado es el autor de uno de los dos proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa para prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica; el otro es herencia del anterior Congreso. Sin embargo, ambos han afrontado la negativa del gobierno a convocarlos en sesiones extraordinarias y bloqueos con mociones de los diputados del Partido Nueva República (PNR).
El legislador manifestó que resulta muy cómodo para los jerarcas hablar en las cumbres internacionales para posicionar a Costa Rica como un país verde, líder en material ambiental, “cuando ni siquiera contamos con un marco regulador en materia de cambio climático”.
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Morales señaló que, durante la actual administración, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) “se encuentra prácticamente inactiva”.
“Es momento de dejar de ver la crisis climática como un tema secundario y dejar de pensar que es solo un tema ambiental. Esto es un tema social, económico y de justicia para los más vulnerables, para aquellos que están año tras año expuestos a estas grandes devastaciones”, manifestó el congresista.
Las críticas se dieron a raíz del desastre natural que está afrontando el país, en los últimos dos meses, por la influencia del huracán Rafael y la tormenta tropical Sara. Según Morales, los líderes políticos siguen ignorando la verdadera causa del problema: la crisis climática.
Señaló que las temperaturas, entre enero y marzo, estuvieron muy por encima del promedio normal en todo el país, con variaciones entre los tres y ocho grados, mientras que entre octubre y noviembre, en Guanacaste, por ejemplo, cayó el 83% de la lluvia de todo el año.
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“Sigue existiendo una falta de compromiso en impulsar políticas y acciones climáticas, porque sigue existiendo una falta de compromiso en impulsar políticas y acciones climáticas, dijo Morales.
El oficialista también cuestionó la propuesta de ayuda de los países desarrollados en la COP29, quienes insistieron en que los fondos destinados a los países vulnerables no se otorguen como una ayuda directa y justa, sino como una combinación de fuentes públicas, privadas y multilaterales, incluyendo préstamos como el que precisamente se aprobó en la Asamblea Legislativa, la semana pasada, por $160 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para atención de emergencias.
“En actualidad, el 69% de toda la financiación para el clima se concede en forma de préstamos, lo que acentúa las desigualdades existentes y agrava las crisis de deuda de los países vulnerables al clima, los cuales ya enfrentan graves dificultades económicas. Esta es la razón por la que aquí nos encontramos aprobando un año más créditos, como el que aprobamos la semana pasada por la suma de $160 millones, para atender este tipo de emergencias”, reclamó Morales.
Ante los cuestionamientos de Morales, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, aseguró que el Minae mantiene incólume el compromiso del país por la protección y conservación de los recursos naturales.
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Frente al cuestionamiento de Morales sobre la exploración petrolera, Tattenbach dice que en octubre del 2023 se solicitó a Noruega “apoyo para conocer datos acerca de posibles reservas de petróleo y gas natural, con el fin de abrir una discusión sobre la conveniencia de aprovechar esos recursos o no”.
El ministro alegó que, en abril pasado, ese país informó que no puede ayudar a cuantificar con estudios esas reservas, porque los estudios son muy costosos y el programa de ese tipo fue descontinuado.
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“Es una lástima no poder obtener ayuda de un país aliado en materia de conservación ambiental para realizar los estudios de escritorio, no invasivos, los cuales se requieren para la actualización de los datos”, dijo Tattenbach en la declaración enviada por el Minae.
El ministro también dijo que Costa Rica se mantiene en el acuerdo BOGA (Beyond Oil and Gas Alliance), alianza de varios países que pretende un plan para fijar una fecha para detener la exploración y explotación de petróleo y gas. Dijo que el país propuso, en ese marco, un impuesto al consumo de combustible.
Mientras tanto, los proyectos contra la exploración y explotación petrolera se mantiene fuera de la agenda del Congreso, desde el 1.º de noviembre, fecha en que comenzó el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea, en el que el gobierno de Rodrigo Chaves tiene el control de los proyectos que discuten los diferentes órganos legislativos.
