Pilar Cisneros defendió durante casi cuatro décadas un periodismo incómodo con el poder, uno que –según decía– debía exigir cuentas a los gobernantes. Hoy, desde el lado del poder, la diputada oficialista acusa de “prensa canalla” a La Nación, canal 7 y CRHoy. Sin embargo, cuando se le pide explicar las razones, su argumentación, al menos en lo que respecta a este diario, no apunta a faltas éticas ni a malas prácticas periodísticas.
Según declaró en una entrevista con la Revista Dominical, el 1.° de marzo, su único reproche es que La Nación no asiste a las “conferencias de prensa” del mandatario, Rodrigo Chaves, no cubre sus giras o “nunca lo entrevista” y lo razona diciendo que, por ser el presidente de la República, “merece una atención especial”. Pero llamar “canalla” a un medio supone demostrar malas prácticas y la periodista Lucía Astorga intentó que Cisneros mencionara alguna. No lo hizo. No habló de inventar información, distorsionar datos, recurrir a fuentes inexistentes, difundir versiones sin verificación o “montar camas”. Al no atribuirle conductas de ese tipo, el calificativo parece responder más a la incomodidad que genera el escrutinio periodístico que propiamente a faltas del medio.
Y es que en La Nación hacemos el periodismo incómodo que Cisneros reivindicaba como codirectora de Telenoticias. En junio de 2013, cuando el diario El Comercio, de Perú, la presentó como “la peruana que es la mujer más influyente de Costa Rica”, le preguntó si se consideraba “la piedra en el zapato” de la entonces gobernante Laura Chinchilla. Su respuesta fue: “Creo que he sido la piedra en el zapato de muchos gobiernos, porque la labor del periodista es ser inquisitivo con las promesas de los políticos, a ver si las cumplen o no”. La misma idea la reiteró en 2018, en la página En la mira, donde repudió “el periodismo que no confronta, que no cuestiona”. Si un ministro dice que todo marcha bien –afirmó–, el deber del periodista es investigar si realmente es así.
Ese principio de dudar, cuestionar e investigar generó fuerte hostilidad en agosto de 2021, cuando este diario reveló un informe del Banco Mundial que sancionó a Chaves por acoso sexual a dos subalternas. Ya durante la campaña electoral, en febrero de 2022, y con Cisneros a su lado, el entonces candidato prometió acabarnos: “Somos un tsunami y, sí, vamos a causar destrucción, vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de canal 7”.
La furia escaló cuando informamos, en marzo, sobre una presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña electoral, investigación que llevó a la Fiscalía a indagar posibles delitos contemplados en el Código Electoral. Dos meses después de asumir el poder, el presidente intensificó la ofensiva. El primer golpe lo dio el 6 de julio de 2022 al presentar datos distorsionados en una conferencia de prensa para cuestionar la salud financiera de Grupo Nación y su capacidad de pagar bonos adquiridos, entre otros inversionistas, por la CCSS. Su narrativa resultó falsa: esos compromisos fueron cancelados en las fechas estipuladas.
Dos días después, el 8 de julio, con base en una denuncia anónima, el gobierno ordenó cerrar Parque Viva, centro de eventos propiedad de Grupo Nación que respalda económicamente al periódico. La Sala IV determinó que la orden fue ilegítima y arbitraria, y que el presidente y su entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, usaron el poder como mecanismo indirecto para violentar la libertad de expresión y en represalia por las publicaciones.
Desde entonces, las conferencias de prensa se transformaron en transmisiones televisivas destinadas a ridiculizar preguntas incómodas, desacreditar a periodistas y lanzar ataques personales. En más de una ocasión el presidente llamó “ratas” o “sicarios políticos” a comunicadores. Ante los excesos, la Sala IV determinó –ante un amparo de un periodista de CRHoy– que ese lenguaje ofensivo afecta la libertad de expresión y favorece el hostigamiento contra periodistas.
Frente a ese escenario, la decisión editorial de La Nación fue no prestarse a la instrumentalización política de esas conferencias, una práctica vista en gobiernos como los de El Salvador o Nicaragua. Nuestros periodistas dejaron de asistir presencialmente, pero continuaron informando sobre lo noticioso a partir de las transmisiones.
Cisneros sostiene que el presidente “nunca fue entrevistado”. Los hechos son otros. A Chaves se le solicitó una entrevista siendo presidente electo, como parte de la práctica periodística de ofrecer espacio a quien asume la conducción del país para explicar su visión de gobierno. Esa solicitud nunca fue atendida y marcó una línea.
Recalcamos: estamos abiertos a entrevistar al presidente de la República, pero sin condiciones que limiten nuestro oficio. Y repetimos: el calificativo de “prensa canalla” carece de respaldo en hechos, porque ni Cisneros, quien aprendió y enseñó periodismo en nuestras salas de redacción, aporta prueba de malas prácticas.
Y, para concluir, tenemos clara nuestra responsabilidad de seguir haciendo un periodismo que cuestione y confronte al poder. Ese ha sido el derrotero de La Nación desde su primer editorial, el 12 de octubre de 1946, cuando este medio proclamó que los actos de los gobiernos serían objeto constante de su análisis, impulsado por un anhelo de mejoramiento. Si, desde el poder, ese periodismo se etiqueta como “canalla”, la descalificación habla más del poder que de la prensa.