La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo vuelve a lanzar cortinas de humo para desviar la atención sobre los graves hechos expuestos en el informe final emitido el 29 de noviembre de 2024 por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El documento, dado a conocer por La Nación, compromete al gobierno al confirmar las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que, en 2022, llevó al presidente Rodrigo Chaves Robles al poder.
Sin presentar una sola prueba, quien fuera una crítica periodista en La Nación, Telenoticias y CRHoy acusa al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, de haber filtrado ese informe a la reportera de investigación de este diario, Natasha Cambronero. Esto es falso y constituye una irresponsable e interesada ocurrencia de la legisladora.
Cisneros reproduce una maniobra típica de ciertos gobiernos y políticos: desviar el foco de una denuncia para eludir la rendición de cuentas ante cuestionamientos graves. Con ese fin, intenta enturbiar los reportajes publicados por este medio desde el sábado pasado, cuestionando cómo se filtró el informe. Eso no es lo relevante. Lo esencial es que este último reporte del TSE no hace más que ratificar lo revelado el 5 de marzo de 2022 por los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo en la investigación titulada “Estructura paralela financió campaña de Rodrigo Chaves al margen del partido”. La acuciosidad, precisión y olfato periodístico de ambos reporteros fueron reconocidos en marzo de 2023 con el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.
Por los hechos tan graves descritos en los informes del TSE, resulta lamentable y penoso ver a Cisneros liderando diatribas contra el Ministerio Público y la figura del fiscal general, con la clara intención de deslegitimar al órgano que tramita la causa contra los imputados, quienes se exponen a penas de prisión de dos a seis años.
Las ligerezas en el discurso de la diputada también llegan al punto de afirmar que los periodistas de La Nación “no investigaron nada”. Fácilmente, olvidó que la Asamblea Legislativa también indagó el caso por las publicaciones de este diario. Su menosprecio por la labor periodística profesional refleja no solo mezquindad, sino sus múltiples contradicciones personales y profesionales. Como periodista, nunca se quejó públicamente por recibir información de fuentes confidenciales que le permitieran desarrollar reportajes o investigaciones. Más bien, aplaudía a quienes denunciaran presuntos actos de corrupción. Ahora, bien acomodada en la acera política, ha cambiado su percepción del trabajo periodístico, no por interés nacional sino político.
Extrañamos, eso sí, a aquella que, el 13 de junio de 2013 se presentaba en las páginas del diario El Comercio, de Perú, como una defensora de la prensa que enfrenta al poder político. En una entrevista titulada “Pilar Cisneros, la peruana que es la mujer más influyente de Costa Rica”, se vanagloriaba de ser la piedra en el zapato de la entonces presidenta Laura Chinchilla y de otros gobernantes. Incluso afirmaba que “la labor del periodista es ser inquisitivo” con los políticos, convencida de que la prensa reflejaba el poder del pueblo. Sin duda, aquellas palabras quedaron en el pasado, reducidas a un simple bla bla bla, como solía decir ella en sus editoriales en Telenoticias al referirse a los discursos políticos.
Ahora, para acuerpar a ultranza al presidente, Cisneros recurrió esta semana a algunos medios para asegurar a los costarricenses que el informe del TSE es preliminar porque, según ella, “apenas se están recabando las pruebas”. De ahí se aferró el mandatario, este miércoles, para asegurar al país en conferencia de prensa que se trata de un “borrador”. Ambos, evidentemente, desconocen cómo opera el TSE. Ese mismo día, Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del tribunal, salió a desmentirlos, aclarando que se trata del informe final de la investigación administrativa.
Esto significa que la investigación del TSE sobre los hechos probados es caso cerrado. Se le denomina “preliminar” únicamente porque lo pendiente es la toma de declaraciones a los sospechosos de cometer delitos electorales. La conclusión del tribunal, con base en pruebas bancarias y documentales, es contundente: la campaña de Chaves se benefició de dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes, mediante un “esquema opaco, clandestino y oscuro” de financiamiento.
Por estos hechos, el informe señala a Chaves Robles en su calidad de candidato presidencial; al vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, quien fungía como tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y al canciller, Arnoldo André Tinoco, quien habría sido administrador y donante del controversial fideicomiso Costa Rica Próspera. A los tres se les menciona como posibles responsables de cuatro delitos electorales.
En La Nación, mientras tanto, tenemos muy claro que el compromiso de una prensa responsable es con la democracia y con los más altos intereses nacionales, entre ellos, la transparencia, tanto en la gobernanza como en los procesos electorales.
Por eso, resulta imperativo que Cisneros y el gobierno permitan que la investigación del fiscal general transcurra sin interferencias, sin intentos de deslegitimar al órgano acusador del Estado ni presiones sobre el Poder Judicial. En una democracia, el respeto por la verdad y por las instituciones no puede ser selectivo ni acomodado a intereses circunstanciales.
