Pruebas obtenidas mediante el levantamiento del secretario tributario resultaron fundamentales para concluir que el dinero captado por el fideicomiso Costa Rica Próspera, bajo administración de la sociedad ATA Trust Company, sí se utilizó para pagar gastos electorales de la campaña de Rodrigo Chaves. Así lo determinó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en un informe sobre dos presuntas estructuras paralelas que habrían financiado la campaña al margen de la ley.
Uno de los argumentos usados por la diputada oficialista Pilar Cisneros es que este dinero no califica como gasto electoral porque la candidatura presidencial de Chaves no fue ratificada por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) sino hasta setiembre del 2021, después de la captación de donaciones privadas por parte del fideicomiso.
No obstante, al levantar el secreto tributario, el TSE encontró facturas emitidas por ATA Trust con una clara intención electoral y vínculo con el PPSD. Corresponden a gastos hechos entre febrero y octubre del 2021, en las que se consignaron los siguientes conceptos:
Allanamiento del bufete Lexincorp En agosto del 2023, la Fiscalía allanó el bufete Lexincorp, en Los Yoses, donde opera la fiduciaria ATA Trust Company. Allí obtuvo una prueba tributaria clave en la investigación sobre el financiamiento de Chaves. Foto: (Alonso Tenorio)
Chaves anunció su candidatura con el PPSD desde el 7 de julio del 2021 con la aprobación de la Asamblea Nacional del partido, pero un error obligó a este órgano a ratificar la postulación en setiembre.
Con base en información bancaria, el TSE concluyó que ATA Trust recibió depósitos en el Banco Nacional por ¢288,6 millones en el periodo de estudio y que, de ese monto, ¢112 millones se utilizaron para cubrir gastos político electorales de la campaña de Chaves.
Con esos recursos, se pagaron facturas del Partido Progreso Social Democrático por servicios de agua, luz e internet, así como la contratación y liquidación del personal de campaña y servicios profesionales. También, se cubrió el pago mensual del alquiler de la casa de campaña de Rodrigo Chaves.
El informe detalló, además, que Rodrigo Chaves usó las cuentas del fideicomiso para pedir donaciones en favor de su campaña, en un almuerzo en el Club Unión, el 5 de agosto del 2021, en el que la cuota de asistencia era de $1.500 (¢976.500).
Simultáneamente, el TSE identificó a nueve personas como donantes de ¢104 millones en el fideicomiso:
1. Arnoldo André Tinoco: ¢3,6 millones.
2. Jack Loeb Casanova: ¢69,5 millones.
3. José Francisco Coto Quesada: ¢8,5 millones.
4. Luis Diego Soto Clausen: ¢3,6 millones.
5. Bernal Jiménez Chavarría ¢358.000.
6. Adrián Torrealba Navas: ¢9,8 millones.
7. Damaris Robles Aguilar: ¢6,5 millones.
8. Helen Valerie Loeb Casanova: ¢976.500.
9. José Antonio Yock Fung: ¢1.183.000.
“La recaudación y gestión de estos fondos tenía por objeto potenciar las aspiraciones políticas del señor Chaves Robles, que posteriormente se radicaron en el PPSD, por lo que terminaron beneficiando también a esta agrupación política y a otras de sus candidaturas vicepresidenciales y diputadiles”, concluye el informe N.° IDI-DFPP-007-2024.
El análisis bancario también incluyó las cuentas del banquero Jack Loeb Casanova en el Banco Prival, y de Sofía Agüero Salazar, quien es hija del diputado Waldo Agüero, tanto en el BN como en la Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae).
El TSE detectó que, mediante las cuentas de ella, habría operado una segunda estructura paralela, la cual pagó facturas por gastos proselitistas por ¢136 millones. El financiamiento provenía de depósitos de Loeb.
En algún momento, Agüero fue el enlace entre la campaña del PPSD, los proveedores y el fideicomiso Costa Rica Próspera.
Ambas estructuras, en conjunto, habrían captado y gastado en motivos electorales ¢239,6 millones. Además, tienen un denominador común: las dos recibieron recursos de Jack Loeb.
En el caso del fideicomiso, el empresario aportó ¢69,5 millones (el 49%), mientras que depositó ¢136 millones en las cuentas de Sofía Agüero. En total, facilitó ¢205,5 millones.
El órgano electoral accedió al detalle de esas cuentas, luego de que los magistrados electorales autorizaron levantarles el secreto bancario.
El TSE identificó a 16 personas como los posibles responsables del supuesto financiamiento irregular en la campaña electoral del 2022.
