EscucharDoscientos un sindicalistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) disfrutaron permisos con goce de salario durante tres días de huelga ilegal en julio y agosto. Si alguno aprovechó la licencia para participar del movimiento pese a su ilicitud, habría cometido «fraude de ley», según el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
Las huelgas en servicios públicos esenciales, como los de salud, son ilegales y las autoridades deben rebajar el salario a los participantes, pero la existencia de un permiso disimularía la conducta indebida y justificaría el pago.
Los permisos contemplados por la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja tienen por finalidad específica facilitar la asistencia a congresos y reuniones sobre cooperativismo o seguridad social. No pueden ser utilizados, como es obvio, para evadir las consecuencias de participar en una huelga ilícita.
La Caja está obligada a investigar el uso dado a las licencias no solo para hacer la rebaja salarial ordenada por ley, sino también para denunciar el ardid con el fin de establecer si existen otras responsabilidades y si las administrativas exigen la imposición de sanciones adicionales a la rebaja salarial.
Los permisos, dice la Caja, se tramitan por medio de una plataforma automática y la mayoría tuvo por motivo el escueto alegato de «gestión sindical». Las jefaturas no tuvieron, de conformidad con ese argumento, participación alguna en el trámite, aunque la institución debió darse cuenta de la inusual cantidad de permisos tramitados justo en las fechas de cese de labores.
El esclarecimiento de lasa dudas también es de capital importancia para los afiliados al sindicato. Si fueron llamados a abandonar labores por compañeros o dirigentes que, al mismo tiempo, estaban asegurándose la evasión de las sanciones, tienen derecho a saberlo, al menos para no volverse a dejar arrastrar sin pleno conocimiento de las circunstancias.
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«Utilizan el reglamento para no arriesgarse a que les rebajen el salario ni les apliquen sanciones, mientras dejan al resto de afiliados a su suerte, expuestos a la rebaja salarial y a las sanciones correspondientes de conformidad con la ley», dice Benavides.
El diputado exigió a la Caja la lista de empleados con permiso sindical en al menos una de las tres jornadas de huelga. Siete tramitaron permisos para los tres días, 43 para los dos días y otros 151 pidieron un día de licencia. Para la Caja no debería ser difícil establecer si alguno de los 201 funcionarios se sumó al movimiento ilícito o contribuyó a dirigirlo.
También es fácil constatar si por coincidencia en esos días se celebró alguna de las actividades aceptadas por la Normativa de Relaciones Laborales para conceder permisos con goce de salario a los sindicalistas. En ese caso, resulta igualmente fácil constatar si la licencia fue utilizada para asistir a la actividad. La Unión Médica Nacional, por ejemplo, celebró una reunión ordinaria el 7 de julio y los asistentes aparecen, por ese justificado motivo, en la lista remitida a Benavides.
Entre los beneficiados con los permisos destacan delegados de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), que convocó a protestas contra el proyecto de empleo público, la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma de pensiones, pero el sindicato lo achaca a mera coincidencia.
El incidente pone de manifiesto el descontrol de los permisos concedidos al amparo de la Normativa de Relaciones Laborales y la mala definición de las actividades que los justifican, así como la comprobación del buen uso de la licencia. Esas son razones de más para hacer un detenido estudio de lo ocurrido.
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