EscucharEl pago del 100% del salario durante una incapacidad por enfermedad en el sector público debe ser objeto de un debate serio y técnico, tanto por el privilegio que representa para muchos empleados estatales como por su impacto directo en las finanzas del ya menoscabado Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A diferencia del sector privado, donde el trabajador incapacitado recibe únicamente un 60% de su salario cubierto por el Seguro de Salud, varias instituciones públicas completan el 40% restante con fondos propios, para garantizar así el pago íntegro del salario mientras su funcionario permanece de baja médica.
En la práctica, esto significa que el empleado no enfrenta ninguna pérdida económica durante su ausencia laboral. Lo que originalmente se concibió como un beneficio compensatorio se ha convertido, en efecto, en una distorsión que favorece el uso excesivo de las incapacidades, trasladando la carga económica al patrono estatal y, sobre todo, al Seguro de Salud.
No resulta sorprendente, entonces, que los tres patronos del país con mayor cantidad de licencias por enfermedad sean la CCSS, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Poder Judicial, donde sus funcionarios reciben el salario completo durante una incapacidad.
Dos reportajes publicados en La Nación por la periodista Arianna Villalobos expusieron la disparidad entre los empleados del sector público y privado.
El caso más inusual es el de la CCSS: aunque su personal representa apenas el 3,23% del total de trabajadores del país, consume casi el 30% de todos los subsidios otorgados por el Seguro de Salud por concepto de enfermedad y maternidad. Solo en 2024, de los ¢135.357 millones desembolsados por este fondo, ¢38.327 millones (28,3%) se destinaron exclusivamente a cubrir incapacidades de su propio personal.
El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, atribuyó esta situación, en gran medida, a las normas internas que garantizan el pago del salario completo. A eso, sumamos otro factor: quienes emiten las incapacidades son médicos, compañeros de trabajo.
Las licencias no solo afectan la productividad; también representan una carga financiera considerable para el Seguro de Salud, concebido como un fondo solidario encargado de financiar los servicios médicos, la compra de medicamentos, el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y, además, el pago de subsidios por incapacidad.
La presión sobre este fondo ha aumentado por varias razones. Por un lado, el alto volumen de incapacidades; por otro, la creciente morosidad del Estado. Entre 2008 y 2024, la deuda acumulada del Gobierno con el Seguro de Salud pasó de ¢348.000 millones a ¢3,5 billones, un salto del 1,1% al 7% del PIB.
A la luz de estas alertas, resulta imperativo tomar medidas para eliminar los incentivos contraproducentes que generan las incapacidades pagadas al 100% y proteger la sostenibilidad del Seguro de Salud. Se hace necesario, entonces, abrir el debate sobre la equiparación de condiciones con el sector privado, para evitar que se fomenten abusos. Las estadísticas demuestran que un trabajador privado tiene mayor presión para reincorporarse pronto –y reservar las licencias para casos realmente necesarios– porque su salario se reduce al 60%.
Desde el 2012, en medio de la crisis fiscal, la Corte Suprema de Justicia inició la discusión de una reforma a su ley orgánica para eliminar la norma del artículo 42 que la obliga a pagar el 40% del salario a los empleados que se incapaciten por enfermedad, lo que habría representado, en ese momento, un ahorro de ¢2.750 millones anuales. Sin embargo, la Asamblea Legislativa nunca aprobó el cambio que pondría a los empleados judiciales en igualdad de condiciones con el sector privado.
En el MEP ocurre lo mismo. El artículo 93 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio establece para su personal el pago del 80% del salario ordinario durante los primeros 30 días de la licencia. Superado ese plazo, el monto sube al 100%, el cual se paga hasta por un máximo de seis meses.
Este beneficio se repite en otras instituciones, incluidas varias municipalidades. Además de debatir reformas para homologar los beneficios, resulta necesario fortalecer la supervisión en la emisión de licencias médicas mediante sistemas de auditoría y monitoreo que permitan detectar patrones inusuales. Estos mecanismos funcionarían como un elemento disuasivo tanto para quienes intenten aprovecharse del sistema como para los médicos que se presten a irregularidades.
Tenemos muy claro que las incapacidades constituyen un derecho legítimo y necesario para proteger la salud de los trabajadores. No obstante, cuando ese beneficio se convierte en objeto de abusos, como lo sugieren las estadísticas, le corresponde al Estado actuar.
La CCSS, el Poder Ejecutivo y, especialmente, la Asamblea Legislativa tienen la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sin menoscabar los derechos laborales. Esto exige abrir un debate serio y técnico sobre el pago del 100% del salario durante las incapacidades en el sector público y avanzar en las reformas necesarias, no pensando en intereses sectoriales, sino en el bienestar de todos los trabajadores y en la sostenibilidad del Seguro de Salud.
