15/7/2016 Entrevista con la magistrada de la Sala IV Nancy Hernández.
Foto de: Diana Méndez (Diana Mendez.)
El gobierno tomó una excelente iniciativa al postular a la magistrada Nancy Hernández López, de la Sala Constitucional, al cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su candidatura fue inscrita ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el 27 de enero. Por su solidez profesional, calidad humana, rectitud, trayectoria, rigor, conocimiento y sensibilidad en la materia, de ser elegida, será una digna sucesora de la compatriota Elizabeth Odio Benito, quien decidió no optar por la relección en tan alto y distinguido puesto.
Lo que se impone, ahora, además de un amplio apoyo nacional, es que nuestras autoridades lleven a cabo una campaña robusta, sistemática, inteligente y entusiasta. Esto dependerá de romper la estrecha noción, aplicada a otras postulaciones de expertos costarricenses a cargos internacionales, de que, por no representar directamente al Estado, los recursos públicos no deben utilizarse para impulsar las candidaturas. Esta interpretación de las normas desconoce la repercusión para el país de contar con personas de altas cualidades en organismos internacionales. Se impone, por ello, superarla, y esperamos que así sea en este caso.
Costa Rica ha tenido una vinculación muy profunda con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la función que cumple, los valores que encarna y la fuente principal para orientar sus decisiones y sentencias: la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sonia Picado y Elizabeth Odio
Si a este instrumento se le conoce también como Pacto de San José, es porque nuestra capital acogió, en noviembre de 1969, la conferencia especializada de la OEA que aprobó la Convención y, como parte de esta, estableció la Corte. Costa Rica fue el primer país en ratificarla y en reconocer su jurisdicción general, ocho años antes de que el texto entrara en vigor, en julio de 1978. Ese mismo mes, la OEA aceptó el ofrecimiento nacional para establecer la sede del alto tribunal en San José, el cual quedó instalado en setiembre de 1979. Al año siguiente, por convenio entre la Corte y nuestro gobierno, fue creado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como institución académica independiente.
El costarricense Rodolfo Piza Escalante fue uno de los siete jueces fundadores y primer presidente de la Corte. Luego lo siguieron en el cargo otros distinguidos profesionales nacionales: Sonia Picado Solera, Manuel Ventura Robles y Elizabeth Odio Benito, actual presidenta, quien concluirá sus labores el 31 de diciembre.
A partir de estas premisas, y de su competencia, no dudamos de que la candidata costarricense —quien, de ser elegida, sería la sexta mujer en incorporarse a ese tribunal en cuatro décadas— se desempeñaría con gran propiedad, equilibrio y apego a los postulados de la Convención, la jurisprudencia desarrollada por la Corte y la mejor doctrina internacional en la materia. Respaldamos su candidatura con entusiasmo y le deseamos un gran éxito.
